La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) conmemoró sus 42 años de actividad institucional con un reclamo dirigido a los distintos niveles del Estado: avanzar con medidas fiscales y económicas que permitan recuperar competitividad, sostener las operaciones y proteger el empleo en la industria pesquera patagónica.
Fundada el 30 de julio de 1984 en Puerto Madryn, la entidad situó su aniversario dentro de un escenario caracterizado por el aumento de los costos internos medidos en dólares, la presión impositiva acumulada, el encarecimiento del financiamiento y una competencia internacional cada vez más exigente. Según planteó la cámara, esa combinación reduce los márgenes de una actividad exportadora cuyos precios se forman en mercados externos.
Reclamo por alivio fiscal
CAPIP volvió a señalar a los derechos de exportación y a la carga tributaria nacional, provincial y municipal como factores que afectan la capacidad de las empresas argentinas para competir frente a productores de otros países que operan bajo condiciones fiscales diferentes.
La cámara advirtió que la pérdida de rentabilidad alcanza a toda la estructura productiva: plantas procesadoras, buques, servicios portuarios, proveedores y puestos de trabajo vinculados con la pesca en Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia.
El planteo apunta a conseguir una reducción efectiva de las cargas que recaen sobre la actividad y una respuesta oficial que contemple las particularidades de una industria asentada lejos de los principales centros de consumo y obligada a afrontar mayores costos logísticos, energéticos y operativos.
Para CAPIP, la sustentabilidad económica de las empresas constituye una condición directa para conservar el empleo, renovar la flota, incorporar tecnología y mantener la capacidad industrial instalada en las ciudades del litoral patagónico.
Productividad para sostener empresas y empleo
El presidente de la entidad, Agustín de la Fuente, confirmó que la agenda institucional mantiene su centro en la productividad y la competitividad del conjunto del sector.
“Se continúa en un trabajo y con una agenda de productividad y competitividad”, afirmó. En la misma línea, explicó que la cámara gestiona “mejoras para toda la industria pesquera y los desafíos actuales que tiene el sector, atendiendo la cuestión productiva con una mirada siempre puesta en la sustentabilidad de los recursos pesqueros”.
La definición vincula dos dimensiones que condicionan el futuro de la actividad: la viabilidad económica de las operaciones y la conservación de los recursos sobre bases científicas. Para la cámara, la continuidad productiva exige empresas capaces de invertir y poblaciones pesqueras administradas mediante información técnica, reglas previsibles y criterios de largo plazo.
La incorporación de tecnología, la actualización de los sistemas de producción, la modernización de los convenios laborales y las crecientes exigencias ambientales de los mercados internacionales completan una agenda que demanda acuerdos entre compañías, trabajadores, organismos científicos y autoridades.
Una cámara nacida con la transformación pesquera de la Patagonia
La creación de CAPIP coincidió con una etapa decisiva para la pesca patagónica. En 1984, mientras la Argentina transitaba los primeros meses de la recuperación democrática, el crecimiento de las capturas de langostino y las inversiones iniciales en procesamiento comenzaban a modificar la estructura económica del litoral marítimo.
Las empresas fundadoras entendieron que la expansión de la actividad requería una representación común con capacidad para gestionar infraestructura, dialogar con el Estado y participar en la construcción de políticas públicas. Energía, agua, pavimento, comunicaciones, puertos y estabilidad regulatoria integraron aquella primera agenda institucional.
Parte de esas necesidades fue atendida durante las cuatro décadas posteriores. El desarrollo alcanzado por la industria trasladó ahora las prioridades hacia la competitividad exportadora, la innovación tecnológica, la certificación ambiental, la investigación científica y la previsibilidad normativa.
En ese recorrido, CAPIP amplió su intervención más allá de la representación empresarial. Su participación en discusiones sobre administración pesquera, infraestructura, relaciones laborales, sostenibilidad y desarrollo regional la convirtió en una voz permanente dentro del entramado productivo patagónico.
Educación para trabajadores del mar y de las plantas
La cámara también incorporó la formación de los trabajadores a su programa institucional. De la Fuente informó que se encuentra en marcha un plan de terminalidad educativa para marineros, con el propósito de extender posteriormente esa herramienta al personal de las plantas de procesamiento.
“Desde CAPIP también apostamos por la educación y la integración social del sector; está en marcha un plan de terminalidad educativa para marineros y se trabaja para que también sea una herramienta que llegue a los trabajadores de las plantas de procesamiento”, señaló.
La iniciativa suma una dimensión social concreta a la agenda productiva. La capacitación y la finalización de los estudios permiten profesionalizar tareas, ampliar oportunidades laborales y acompañar una transformación tecnológica que exige nuevas competencias tanto a bordo como en tierra.
Una agenda condicionada por la capacidad de competir
A 42 años de su fundación, CAPIP conserva el objetivo que impulsó su creación: representar de manera conjunta a las empresas pesqueras radicadas en la Patagonia y vincular el crecimiento industrial con el desarrollo regional.
El escenario actual coloca esa misión frente a un problema preciso. Una industria exportadora que produce con costos argentinos y vende a precios internacionales necesita condiciones tributarias, laborales y regulatorias compatibles con sus competidores. Sobre esa ecuación se definirá la capacidad de sostener plantas, mantener buques operativos, preservar miles de empleos y generar nuevas inversiones.
El aniversario encontró así a CAPIP ante una agenda distinta de la que motivó su nacimiento, aunque atravesada por la misma necesidad institucional: construir acuerdos capaces de transformar los reclamos del sector en políticas que aseguren la continuidad productiva de la pesca patagónica.
