Cepa y Caipa advierten que no corresponde imponer el pago de tasas municipales a las exportaciones

Tanto el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (Cepa) como la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) rechazaron una vez más el intento de gravar las exportaciones por parte del Municipio local.
 
La idea de cobrar la Tasa por Seguridad e Higiene a las empresas exportadoras, vale recordarlo, resurgió en los últimos días con la presentación de la Ordenanza Fiscal 2019, que impulsa el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.
Ambas cámaras dejaron en claro que rechazan la iniciativa. Así se lo hicieron saber al intendente, Carlos Arroyo, a través de una nota que también fue enviada a los concejales, a la secretaria de Comercio Exterior de la Nación, Marisa Bircher, al subsecretario de Pesca, Juan Bosch, y al ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís.
Además de requerir una audiencia de carácter personal con Arroyo, Cepa y Caipa describieron en la misiva los argumentos por los que “no corresponde” que la Municipalidad les exija a los exportadores el pago del polémico tributo.
Argumentos
Una de las claves es la inconstitucionalidad de la propuesta. Las entidades alertan que viola los artículos 4, 9, 25 y 176 de la Constitución Nacional, los cuales establecen que el Estado Nacional es el único autorizado para imponer derechos de importación y exportación a través de leyes dictadas por el Congreso nacional y prohíben la existencia de aduanas internas.
Por otra parte, en la nota se apunta que la Argentina forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de las cuales emana el principio rector de no exportar impuestos.
Asimismo, subrayaron que el proyecto de aplicar la tasa se contrapone con los esfuerzos del presidente, Mauricio Macri, y de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para generar herramientas de promoción que beneficien al sector pesquero.
También recordaron que la Municipalidad no presta servicio alguno vinculado con las operaciones de comercio exterior y que todas esas actividades y/o controles los ejerce la Subsecretaría de Pesca de la Nación y el Senasa.
Desde Cepa y Caipa entienden que, de aprobarse, el nuevo impuesto no haría más que acentuar los costos de producción y la pérdida de puestos de trabajo, a contramano del incremento de la actividad económica que debería promover el Estado municipal.