La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) adjudicó a Nadir Soluciones Integrales SAS el relevamiento integral de la infraestructura portuaria argentina por $2.550 millones. El proyecto permitirá actualizar catastros, identificar instalaciones y generar información georreferenciada sobre áreas terrestres y acuáticas, destinada a mejorar la administración de los espacios portuarios y la planificación de infraestructura.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución ANPyN Nro.60/2026, publicada el 15 de octubre en el Boletín Oficial y suscripta por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Miguel Arreseygor. La adjudicataria fue la única oferente de la licitación pública y registra un antecedente contractual durante este mismo año en el Puerto de Ushuaia.
La contratación tendrá una vigencia inicial de doce meses, con posibilidad de prórroga por un período igual o menor, y da continuidad al procedimiento autorizado en agosto mediante la Resolución 45/2026, que había establecido un presupuesto estimado de $2.573,55 millones. La adjudicación resultó $23,55 millones inferior a la previsión original, una diferencia aproximada del 0,9%.
La apertura de ofertas se realizó el 14 de agosto de 2026 mediante el sistema electrónico COMPR.AR. La Comisión Evaluadora verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos, consideró conveniente el precio ofrecido y recomendó la adjudicación. El dictamen quedó firme una vez vencido el plazo correspondiente, sin recibir impugnaciones.
El contrato se instrumentará mediante orden de compra abierta, modalidad que permite solicitar prestaciones progresivamente conforme a las necesidades de la autoridad portuaria. Los $2.550 millones constituyen el monto máximo adjudicado; el gasto efectivo dependerá de los servicios solicitados y ejecutados.
La distribución presupuestaria contempla $643.387.500 para 2026 y $1.906.612.500 para 2027, concentrando aproximadamente el 75% de los recursos previstos en el próximo ejercicio.
La empresa adjudicataria registra un antecedente directamente relacionado con estas prestaciones. Durante 2026 obtuvo una contratación por $80 millones más IVA para realizar el relevamiento multimodal de infraestructura portuaria y tareas de regularización dominial en el Puerto de Ushuaia.
Aquella adjudicación comprendía la documentación física de instalaciones y espacios portuarios fueguinos. El nuevo contrato representa una ampliación considerable de escala, desde una intervención localizada hacia un servicio de alcance nacional, con mayores exigencias de cobertura territorial y procesamiento de información.
El trabajo se inscribe en el Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, aprobado mediante la Resolución ANPyN Nro.26/2025, destinado a consolidar la información física, territorial y registral de los bienes administrados por la autoridad nacional.
El servicio contempla imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales mediante nubes de puntos y bases de datos espaciales, aplicados al relevamiento de instalaciones terrestres, sectores acuáticos y zonas de interfase tierra-agua.
Estas herramientas permiten representar digitalmente la configuración de los espacios portuarios, medir superficies, identificar estructuras y establecer referencias precisas para la delimitación jurisdiccional.
La información obtenida integrará una base catastral actualizada, destinada a respaldar procesos de regularización dominial, administración patrimonial y planificación de infraestructura.
El relevamiento también permitirá relacionar las instalaciones con accesos terrestres, áreas operativas y espacios destinados a las actividades marítimas, proporcionando antecedentes técnicos para evaluar condiciones de funcionamiento y necesidades de intervención.
La actualización de la información territorial tiene aplicaciones directas sobre la organización de las descargas, la disponibilidad de muelles, el aprovechamiento de superficies industriales y la planificación logística en las terminales con actividad pesquera.
Situación del puerto marplatense
En Mar del Plata, principal puerto pesquero argentino, conviven embarcaciones de diferentes dimensiones y modalidades operativas, incluidos buques provenientes de terminales patagónicas que ocupan posiciones de amarre fuera de sus puertos de asiento. A esa intensa actividad se suman astilleros, diques flotantes, talleres de reparación naval, plantas de procesamiento pesquero, establecimientos frigoríficos y un complejo industrial dedicado a la manufactura.
El mismo espacio alberga la Base Naval Mar del Plata, con sus instalaciones militares, y un sector náutico con capacidad para al menos 250 embarcaciones deportivas y de recreo Además de un muelle de ultramar cuyo objetivo inicial era dar amarre a buques graneleros de 60/70 metros, que la evolución llevó a portacontenedores de 180 metros de eslora. Se trata de una concentración productiva, industrial, militar y recreativa de características singulares, obligada a funcionar sobre una infraestructura cuya evolución ha quedado considerablemente rezagada respecto de las necesidades actuales.
En ese escenario, el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata (CPRMDP) viene desarrollando, durante sus dos últimas gestiones, un trabajo sostenido de recuperación de espacios operativos que merece ser dimensionado frente a sus limitaciones presupuestarias. La remoción de embarcaciones inactivas, los desguaces a flote, las intervenciones en la Base Naval y los hundimientos controlados para conformar parques submarinos destinados al buceo deportivo permitieron recuperar superficies y posiciones de amarre que permanecieron inutilizadas durante años. Más de 30 buques retirados y alrededor de 1.406 metros lineales operativos recuperados representan resultados concretos de una gestión orientada a devolver capacidad operativa a un puerto donde cada metro disponible tiene valor económico.
El esfuerzo adquiere mayor relevancia al considerar las responsabilidades financieras asumidas por el propio Consorcio. El dragado de mantenimiento concluido en 2025, con un presupuesto inicial próximo a US$ 6,5 millones, debió sostenerse mediante recursos portuarios, financiamiento bancario y acompañamiento provincial. El crédito de $2.000 millones otorgado por el Banco Provincia formó parte de esa estructura financiera. La preservación de las condiciones de navegabilidad exigió comprometer fondos y capacidad de endeudamiento de una administración que también debe atender el mantenimiento de muelles, instalaciones y servicios. Cada peso destinado a garantizar el acceso marítimo reduce el margen disponible para recuperar infraestructura y ejecutar otras obras que el puerto necesita.
Aquí aparece una cuestión de fondo que compromete directamente al Estado nacional. Mientras la Nación adjudica $2.550 millones para producir diagnósticos sobre la infraestructura portuaria argentina, Mar del Plata sostiene con recursos propios y endeudamiento una parte sustancial de las intervenciones necesarias para mantener su funcionamiento. La diferencia entre la capacidad financiera de la administración central y la del Consorcio expone el desequilibrio con el que se afrontan necesidades estructurales de uno de los principales centros pesqueros, industriales y exportadores del país. El esfuerzo de gestión local permite recuperar operatividad, pero enfrenta límites económicos evidentes frente a la magnitud de las inversiones pendientes.
Durante las últimas siete décadas, la actividad pesquera pasó de operar predominantemente con embarcaciones de 15 a 30 metros de eslora a incorporar buques que alcanzan los 70 metros, con mayores exigencias de calado, maniobrabilidad, espacio, seguridad y servicios. A esa transformación se agregaron nuevas demandas de la industria naval, la logística frigorífica y las operaciones comerciales. La flota crece, la actividad industrial se diversifica y las necesidades operativas se multiplicaron; buena parte de la infraestructura portuaria permanece condicionada por una concepción de mediados del siglo pasado. El deterioro de estructuras históricas, entre ellas los antiguos e icónicos silos de la Junta Nacional de Granos, constituye una expresión visible de las inversiones y decisiones que permanecen pendientes y que la Nación debiese tomar medidas antes de lamentar algún derrumbe producto del deterioro constante de esas viejas instalaciones en desuso.
La contratación nacional de relevamientos tridimensionales, información batimétrica y registros catastrales podrá aportar antecedentes técnicos para evaluar las condiciones físicas de las instalaciones. Sin embargo, la acumulación de necesidades estructurales en Mar del Plata exige una respuesta presupuestaria que excede ampliamente las posibilidades financieras del Consorcio. La responsabilidad por ese atraso atraviesa sucesivas administraciones nacionales y requiere coordinación con las autoridades provinciales y portuarias, con compromisos de inversión definidos y obras efectivamente ejecutadas.
Los resultados de las últimas gestiones del CPRMDP muestran lo que puede conseguirse con administración, iniciativa y recursos limitados: buques abandonados retirados, espacios de amarre recuperados y canales mantenidos operativos mediante financiamiento propio. La Nación dispone de una capacidad presupuestaria de otra escala y administra instrumentos de inversión que pueden acompañar la modernización de una infraestructura indispensable para la producción y las exportaciones argentinas. Después de décadas de transformación de la flota y de la industria, Mar del Plata continúa esperando una participación nacional en obras estructurales proporcional a su importancia económica. El puerto ya ha puesto recursos, gestión y endeudamiento. La inversión nacional sigue siendo la gran cuenta pendiente y la diferencia entre el diagnóstico y la verdadera ejecución de obras.
