El Tratado de Alta Mar, fue acordado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en marzo del presente año, teniendo como objetivo la protección de las aguas marítimas que se encuentran más allá de las jurisdicciones nacionales, abarcando aproximadamente dos tercios de los océanos y constituyendo el hábitat más extenso en la Tierra.
Justamente en el mes de marzo, el Dr. Eduardo Raimundo Hooft en la UTN de Mar del Plata, disertó al respecto, anticipando justamente lo que se iba a firmar en este mes de septiembre.
El Tratado de Alta Mar, resultado de años de intensas negociaciones, allana el camino hacia una meta: proteger al menos el 30% de los océanos, los cuales se encuentran amenazados por fenómenos como la contaminación, el cambio climático y la posible explotación minera, sostienen desde la ONU.
Las aguas ubicadas a una distancia superior a las 200 millas de las costas y compartidas por todas las naciones, se habían gestionado bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales, sin contar con una jurisdicción claramente definida y con reglas inadecuadas para garantizar su protección, un concepto que explicitó el Dr. Hooft en su charla.
Hoy, la adhesión a este tratado, el cual fue formalmente adoptado el 19 de junio y formará parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se llevó a cabo durante la Cumbre de la ONU en Nueva York.
Entre los países comprometidos se encuentran Estados Unidos, China, Australia, Alemania, Francia, España y el Reino Unido. Sin embargo, destacaron notables ausencias, como Rusia e India.
Varias organizaciones ecologistas celebraron la decisión, por considerarla una demostración del compromiso de los gobiernos con la restauración y preservación de la salud de los océanos.
Este acuerdo resulta fundamental para la puesta en marcha del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, el cual busca la participación colectiva de varias naciones con el fin de proteger y conservar al menos el 30% de los océanos para el año 2030.
Según un comunicado emitido por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el tratado permitirá la declaración de áreas de alta mar como zonas protegidas, contribuyendo a poner orden entre los organismos encargados de la gestión marina. Esto, a su vez, reducirá el impacto acumulativo de las actividades en alta mar, tales como el transporte marítimo, la pesca industrial y la explotación de recursos.
La firma de los gobiernos es un procedimiento formal que indica su disposición a ratificar el Tratado de Alta Mar a través de procesos nacionales. WWF, por su parte, recordó que se requieren sesenta ratificaciones para que el tratado entre en vigencia.
«Es el inicio de un nuevo capítulo en el que la comunidad internacional debe adoptar acciones audaces», dijo a la agencia de noticias AFP Nichola Clark, de la ONG Pew Charitable Trusts.
Tras arduas negociaciones en marzo, el texto fue adoptado formalmente por consenso el 19 de junio, pese a que Rusia se «distanció» del tratado.
Vale recordar que la altamar empieza donde acaban las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados, un máximo de 200 millas náuticas (370 km) de las costas y que no pertenecen a ningún Estado.
Aunque representa casi la mitad del planeta y más del 60% de los océanos, durante mucho tiempo ha sido ignorada en la batalla medioambiental, a diferencia de las zonas costeras y algunas especies emblemáticas.
En la actualidad, sólo alrededor del 1% de la altamar está protegida por medidas de conservación, pero en diciembre en Montreal, en la COP15 sobre biodiversidad, todas las naciones se comprometieron a proteger el 30% de la tierra y los océanos del planeta para 2030.
Para lograrlo, el nuevo tratado es crucial, pero todo dependerá de la fecha de su entrada en vigor que ocurrirá 120 días después de la sexagésima ratificación, que depende de los procedimientos de cada país.
«La carrera por las ratificaciones está en marcha y pedimos a los países que sean ambiciosos, que ratifiquen el tratado para garantizar que entre en vigor en 2025», con motivo de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se celebrará en Francia, declaró Mads Christensen, responsable en funciones de Greenpeace Internacional.
Aunque se logre el umbral de 60 ratificaciones, esta cifra está aún muy lejos de la universalidad que esperan los defensores de unos océanos carentes de fronteras.
Quienes apoyan la decisión, sostiene que la ciencia ha demostrado la importancia de proteger todo el océano, rebosante de biodiversidad a menudo microscópica, que proporciona la mitad del oxígeno que respiramos y limita el calentamiento global al absorber gran parte del CO2 emitido por las actividades humanas.
El nuevo tratado sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional también introduce la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental de las actividades previstas en alta mar.
El texto no enumera actividades, que podrían ir desde la pesca hasta la explotación minera de los fondos marinos, el transporte marítimo o las potencialmente controvertidas actividades de geoingeniería vinculadas a la lucha contra el calentamiento global.
El tratado también establece el principio de reparto de los beneficios de los recursos genéticos marinos recogidos en alta mar, que cristalizó las tensiones hasta el último minuto de las negociaciones.
Los océanos albergan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y constituyen la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en todo el mundo. A su vez, resultan claves para la economía ya que se estima que, para 2030, cerca de 40 millones de personas trabajarán en el sector relacionado con los océanos.
Desde la ONU sostienen que con el 90% de las grandes especies de peces mermadas y el 50% de los arrecifes de coral destruidos, se está extrayendo más del océano de lo que se puede reponer.
El acuerdo destinaría dinero para la conservación marina y establecería los puntos para compartir de manera justa y equitativa los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, además de permitir establecer mecanismos de explotación por zonas con el fin de conservar y administrar de forma sostenible las especies.
Algunos especialistas vinculados al CONICET, sostiene que los fondos provenientes de este tratado beneficiarán las capacidades que va a tener Argentina para preservar los recursos vivos de la columna de agua desde la milla 200 hasta la 350.
