Aunque las cifras del Ministerio y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca indican un incremento en las capturas y desembarques en puertos de Buenos Aires y Chubut principalmente, la realidad económica del sector pesquero argentino está lejos de ser tan optimista. Detrás de los datos que muestran volúmenes millonarios de exportaciones, hay una verdad incuestionable: el desequilibrio entre los costos y las ganancias amenaza con hacer insostenible e inviable la actividad.
Los números que muchas veces se presentan con orgullo desmesurado y ligeramente abiertos a la opinión pública, como los 1.800 millones de dólares en exportaciones, omiten considerar los costos que el sector debe afrontar para alcanzar esas cifras. Es necesario tener en cuenta variables como los precios de la mano de obra, los crecientes costos de insumos, la incidencia en precio del combustible y las exigencias de mantenimiento de las embarcaciones. Ignorar estos factores es una miopía que, en el fondo, desvirtúa la realidad e imposibilita la inversión.
La merluza, especie clave para la actividad pesquera de Mar del Plata, es hoy el reflejo de una profunda crisis. Mientras los costos suben, su precio de mercado ha caído a niveles insólitos: $650 por kilo, una cifra que no cubre ni de cerca los costos totales sumado el rubro amortización e inversiones. Los armadores pesqueros, enfrentados a una inflación que desacelera pero a un ritmo menor que el Tipo de Cambio y una demanda interna que cae a la par del poder adquisitivo, ven cómo se pulverizan sus márgenes de rentabilidad pero además, desde el sector gubernamental nada ha cambiado, las exigencias son las mismas, los impuestos se multiplican y los servicios son pésimos y caros.
En este contexto, el Estado, lejos de asumir un rol retractivo en sus demandas hacia el sector, sigue recaudando a través de impuestos, sin importar el éxito o el fracaso de las empresas pesqueras y el desarrollo de su actividad. La rentabilidad, ese motor fundamental que impulsa el desarrollo, parece evaporarse. Sin ella, no hay crecimiento, y sin crecimiento, el sector no puede sostenerse a largo plazo mucho menos la sociedad que interviene en el sector.
Lo más preocupante es que esta crisis no se limita solo al precio de la merluza, sino también al langostino, otra de las especies de mayor captura en nuestro país. En los mercados internacionales, los precios del filet han caído por primera vez en años por debajo de los 3.000 dólares por tonelada impulsados por una empresa que domina el mercado de la intermediación sin poseer cuota ni buques afectados a la pesquería, destruyendo el segmento merlucero fresquero, que se torna con esos valores inviable desde la ecuación económica. Si las condiciones actuales persisten, muchas empresas pesqueras argentinas con flota dedicada al fresco podrían enfrentar graves problemas financieros en un futuro cercano.
El impacto social de esta situación es inminente. La pesca, una actividad económica esencial para muchas comunidades costeras, podría ver cómo cientos de trabajadores se ven afectados por una política económica que no parece contemplar la magnitud de esta crisis, por el contrario, solo se lee las mayores capturas reflejadas en la necesidad de suplir rentabilidad por volumen. Urge replantear las estrategias antes que las consecuencias sean irreversibles principalmente en el sector de costos operativos, donde la empresa pesquera primaria deberá trasladar a proveedores la necesidad de un ajuste impuesto desde la política económica central, a sabiendas, que mayor volumen de captura, no siempre significan mayor utilidad y rentabilidad para el sector como para sus participantes.
