La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) volvió a poner bajo análisis las implicancias que podría tener para el sector la aprobación y aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), instrumento internacional orientado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
El planteo fue presentado mediante una nota y quedó formalmente tratado por el Consejo Federal Pesquero durante su última reunión. Allí, la entidad manifestó su preocupación respecto de los efectos que la implementación del acuerdo podría generar sobre la protección de los recursos vivos marinos, la defensa de la industria pesquera nacional y la administración sostenible de las especies de interés comercial.
Uno de los puntos que genera especial atención dentro de la actividad está relacionado con las embarcaciones extranjeras que operan en aguas internacionales adyacentes a la Zona Económica Exclusiva Argentina, particularmente la numerosa flota que desarrolla sus operaciones en la denominada milla 201.
Frente al planteo, la representación de Cancillería ante el CFP recordó que el tema ya había sido abordado en abril de 2025 durante una reunión realizada con las principales cámaras empresarias de la pesca argentina.
De aquel encuentro participaron representantes de CAPA, CEPA, CAIPA, CAPIP, CAABPA, UDIPA, CAPEAR ALFA, CAPECA y ADPA, además de funcionarios de la Coordinación de Políticas Oceánicas y de la Dirección de la Consejería Legal.
Durante aquella instancia se explicaron las implicancias de la ratificación del AMERP y el trabajo desarrollado por el Grupo Interministerial para el Área Adyacente. El acuerdo establece herramientas destinadas a impedir que los puertos sean utilizados por embarcaciones vinculadas con actividades de pesca INDNR y fortalece los mecanismos de fiscalización por parte de los Estados.
La principal inquietud planteada entonces por las cámaras estuvo vinculada con la posibilidad de que la adhesión al instrumento derivara en una mayor apertura de los puertos argentinos y facilitara el ingreso de buques extranjeros que operan habitualmente fuera de la ZEEA.
Según recordó Cancillería, durante aquella reunión se aclaró que la aplicación del AMERP no implica un ingreso indiscriminado de esas flotas. Por el contrario, se detallaron los procedimientos previstos para efectuar inspecciones a bordo de los pesqueros extranjeros y verificar, entre otros aspectos, el origen de la carga y las áreas donde fueron realizadas las capturas.
Estos procedimientos buscan establecer un esquema de control y trazabilidad que permita determinar la procedencia de los productos pesqueros y detectar eventuales actividades vinculadas con la pesca ilegal.
De acuerdo con lo informado ante el CFP, las explicaciones brindadas en 2025 habían sido recibidas favorablemente por los representantes empresariales que participaron de aquel encuentro.
Aunque CAIPA no lo expresó en esos términos explícitos, detrás del planteo aparece una inquietud de mayor alcance; que el nuevo marco regulatorio termine ofreciendo asistencia portuaria en astilleros a una flota que compite con la industria argentina bajo estructuras de costos, cargas laborales, exigencias operativas y esquemas subsidiados de sus insumos. Se trata, además, de embarcaciones con capacidad para incidir sobre la oferta y la formación de los precios internacionales de productos que también exporta la Argentina y compite muy en desigualdad de condiciones.
La nueva presentación de CAIPA vuelve ahora a colocar el AMERP dentro de la agenda pesquera, en un contexto en el que el control de las flotas extranjeras que operan en el Atlántico Sudoccidental y la trazabilidad de sus capturas continúan siendo temas sensibles para la industria nacional.
