Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron dictamen favorable al proyecto de ley que aprueba la adhesión argentina al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), una herramienta internacional impulsada por la FAO para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El avance parlamentario coloca al país en la etapa final de incorporación de un instrumento con impacto directo sobre soberanía marítima, control portuario, trazabilidad de capturas, cooperación internacional y acceso de los productos pesqueros a mercados formales. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación y ahora deberá ser tratado por la Cámara baja.
El expediente oficial es el 0003-S-2026, ingresado a Diputados el 6 de marzo de 2026 y publicado en el Diario de Asuntos Entrados N° 5. Su objeto es aprobar el acuerdo celebrado en Roma el 22 de noviembre de 2009, durante el 36° período de sesiones de la FAO, mediante la Resolución 12/2009. El tratado entró en vigor internacionalmente el 5 de junio de 2016 y ya reúne a más de 80 partes.
La importancia de la norma se explica desde el puerto. El AMERP permite que el Estado controle con mayor profundidad a los buques pesqueros extranjeros antes de autorizar su ingreso, descarga, abastecimiento o utilización de servicios portuarios. El principio operativo es impedir que una captura obtenida al margen de la ley encuentre una vía logística para transformarse en mercadería comercializable.
Para la Argentina, esa herramienta incorpora una segunda línea de defensa pesquera. Al control en el mar se suma el control en tierra, donde se revisan documentos, se verifican cargas, se cruzan datos internacionales y se decide si una embarcación puede operar en puerto. En una actividad exportadora cada vez más condicionada por origen, legalidad y trazabilidad, el puerto pasa a ser un punto decisivo de fiscalización.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, sostuvo durante el tratamiento que la pesca ilegal representa una amenaza para la sostenibilidad de los recursos y para las actividades productivas que operan bajo reglas. En esa línea, remarcó que el acuerdo permitirá reforzar controles sobre embarcaciones extranjeras, ampliar el intercambio internacional de información y fortalecer las facultades de fiscalización del Estado.
El coordinador de Políticas Oceánicas y del Atlántico Sur de la Cancillería, Javier Figueroa, precisó que la adhesión otorgará herramientas concretas que hoy la Argentina no posee. Entre ellas, mencionó la posibilidad de exigir información previa sobre capturas, documentación e identificación de los buques antes de autorizar su ingreso a puerto, además de inspeccionar cargas, revisar documentación pesquera y compartir información con otros países sobre embarcaciones sospechadas de participar en actividades ilegales.
El cambio operativo es sustancial. Las inspecciones portuarias dejan de quedar concentradas en aspectos generales de seguridad marítima y pasan a incorporar una dimensión pesquera específica. Eso permite analizar el origen de las capturas, la consistencia de los documentos, el historial operativo de los buques y la eventual vinculación con prácticas de pesca INDNR.
El acuerdo fue definido por la FAO como el primer tratado internacional jurídicamente vinculante centrado específicamente en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Su objetivo es reducir los incentivos económicos de esa actividad mediante el cierre de accesos portuarios a buques vinculados con capturas irregulares. En términos prácticos, busca bloquear el ingreso de pescado ilegal a los mercados nacionales e internacionales.
Ese punto resulta especialmente relevante para la pesca argentina. La industria formal compite en mercados exigentes, con estándares crecientes sobre trazabilidad, sostenibilidad y cumplimiento normativo. Una ley de estas características mejora la posición del país como proveedor de productos pesqueros sometidos a reglas verificables y fortalece la diferenciación frente a mercadería de origen opaco.
La reunión también dejó un dato político-sectorial significativo. Según confirmó la Cancillería, el acuerdo cuenta con respaldo de las provincias con litoral marítimo y de las cámaras empresarias de la actividad pesquera, consultadas previamente en el ámbito del Consejo Federal Pesquero. Esa coincidencia institucional le da al proyecto un alcance superior al trámite legislativo y lo ubica dentro de una política pública con aval federal y productivo.
Figueroa explicó que, antes de avanzar con la adhesión, se realizaron reuniones con representantes provinciales y empresariales. En una primera etapa surgieron dudas sobre los alcances del acuerdo, especialmente por la posibilidad de que fuera interpretado como una apertura indiscriminada de puertos argentinos a embarcaciones extranjeras. Según la exposición oficial, esas objeciones fueron despejadas tras las explicaciones técnicas y el proyecto obtuvo acompañamiento generalizado.
El debate también se proyectó sobre el Atlántico Sur. La presencia de una flota extranjera numerosa en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva Argentina constituye uno de los principales desafíos para la administración pesquera nacional. Figueroa señaló que el problema central en esa área está asociado a la pesca no reglamentada, en un espacio más allá de las 200 millas donde no existe un marco internacional específico que ordene de manera suficiente la actividad.
La presencia de alrededor de 400 embarcaciones en esa zona genera impactos sobre la conservación de los recursos, el monitoreo pesquero y la proyección geopolítica argentina. En ese escenario, el AMERP aporta una herramienta indirecta pero relevante: aunque el acuerdo no regula la pesca en alta mar, sí permite actuar sobre los puertos que podrían ser utilizados por buques sospechados de operar de manera irregular.
La cuestión Malvinas atravesó parte central del tratamiento. El diputado Jorge Taiana recordó que durante años existieron reparos sobre la conveniencia de avanzar con la adhesión debido a la ocupación británica en el Atlántico Sur. Desde Cancillería señalaron que el Reino Unido incorporó el acuerdo sin extenderlo a los denominados territorios de ultramar, situación que permitió despejar las principales objeciones jurídicas planteadas en el pasado.
La Argentina mantendrá, además, las declaraciones de salvaguarda correspondientes para preservar su posición soberana sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Esa reserva resulta determinante para evitar cualquier interpretación que pueda afectar los derechos argentinos en el área disputada.
El presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, César Treffinger, sostuvo que el tratado aporta herramientas de cooperación y control sin otorgar derechos adicionales al Reino Unido. También remarcó que la Argentina conserva su práctica de formular declaraciones destinadas a neutralizar cualquier intento de extender el acuerdo a las Islas Malvinas bajo administración británica.
El punto es sensible para la política pesquera nacional. La explotación de recursos bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas en las islas constituye una de las manifestaciones más relevantes del problema pesquero en el Atlántico Sur. La adhesión al AMERP, bajo salvaguardas soberanas, busca sumar capacidad de control internacional sin alterar la posición argentina sobre el diferendo.
El dictamen también abrió una discusión sobre los estándares internos de transparencia. El diputado Maximiliano Ferraro acompañó el proyecto, aunque planteó la necesidad de avanzar en acceso a la información, trazabilidad y publicidad de los registros pesqueros. Su planteo ubicó la lucha contra la pesca ilegal en un plano más amplio: además de controlar buques extranjeros, el país debe mejorar sus propias herramientas de seguimiento administrativo y comercial de las capturas.
La reunión permitió repasar acciones nacionales vinculadas al monitoreo marítimo. El diputado Luis Petri afirmó que el control de los recursos marítimos constituye una prioridad estratégica y destacó la incorporación de aeronaves equipadas con radares para patrullar la milla 200 y las áreas adyacentes. También anunció la futura incorporación de helicópteros y drones de despliegue vertical destinados a fortalecer la vigilancia marítima.
El dictamen fue acompañado por 55 de los 59 legisladores presentes, un nivel de consenso relevante para una materia que combina política exterior, recursos naturales, defensa de la actividad productiva y soberanía. La coincidencia entre oficialismo, oposición, provincias marítimas, cámaras empresarias y organismos técnicos expresa una lectura compartida: la pesca INDNR afecta al recurso, distorsiona la competencia, compromete mercados y reduce capacidad estatal sobre un espacio estratégico.
Si el proyecto completa su recorrido legislativo, la Argentina se sumará formalmente a un acuerdo internacional ya aplicado por países de la región como Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, además de Estados Unidos y otros Estados con fuerte presencia pesquera o comercial. La adhesión permitirá al país integrarse a una red de cooperación que intercambia información sobre buques, capturas, autorizaciones, inspecciones y antecedentes operativos.
El desafío posterior será convertir la aprobación legislativa en capacidad efectiva. La implementación requerirá inspectores formados, protocolos homogéneos, sistemas interoperables, coordinación entre organismos y puertos autorizados con capacidad real de control. La ley crea el marco; su valor final dependerá de la ejecución administrativa y operativa.
Para la Argentina, el AMERP sirve para algo concreto: cerrar el puerto a la pesca ilegal antes de que esa captura ingrese al comercio. También fortalece la posición nacional frente a la flota extranjera que opera en el Atlántico Sur, mejora la trazabilidad exportadora y suma herramientas jurídicas para defender recursos pesqueros sometidos a presión creciente.
El avance en Diputados marca, así, una decisión de alto valor institucional. La pesca argentina incorpora una herramienta internacional que conecta puerto, recurso, soberanía y mercado. En un escenario global donde la legalidad del origen pesa cada vez más, controlar el ingreso al puerto se vuelve una forma directa de proteger el mar, la industria y la reputación exportadora del país.
