El anuncio realizado por Javier Milei durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires volvió a instalar la discusión tributaria sobre las exportaciones argentinas. La escena tuvo fuerte carga sectorial, el Presidente habló ante una de las instituciones históricas del agro nacional, recibió una placa conmemorativa de la entidad y anticipó que el discurso incluiría anuncios. En ese marco, pidió “paciencia” antes de detallar una reducción de retenciones para determinados productos agropecuarios e industriales.
La medida comunicada en ese ámbito incorpora una baja inmediata para trigo y cebada, cuyos derechos de exportación pasarán del 7,5% al 5,5% desde junio. También proyecta una reducción escalonada para la soja desde enero de 2027, condicionada a la evolución de la recaudación y al cumplimiento de metas fiscales. En paralelo, el Gobierno anticipó un cronograma para llevar a cero las retenciones de sectores industriales como automotriz, petroquímica y maquinaria.
En ese nuevo mapa de alivio impositivo, la pesca permanece fuera del alcance de la decisión oficial. El complejo pesquero argentino, uno de los principales generadores de divisas del país, seguirá operando con los mismos niveles de derechos de exportación heredados del esquema vigente, sin modificaciones anunciadas sobre reintegros ni señales concretas de actualización para sus productos.
La omisión adquiere relevancia porque la actividad venía reclamando una revisión específica de su tratamiento tributario. Cámaras empresarias del sector habían llevado ante autoridades nacionales la necesidad de reducir o eliminar derechos de exportación, acelerar reintegros, mejorar la devolución de IVA y revisar otros componentes que inciden sobre la competitividad final de una cadena que vende mayoritariamente al exterior y opera bajo precios internacionales.
La pesca exporta valor, empleo y actividad portuaria, pero continúa sin una respuesta fiscal diferenciada. Ese es el eje que deja abierto el anuncio presidencial. Mientras el agro recibió una señal concreta y determinadas ramas industriales fueron incorporadas a un cronograma descendente, el sector pesquero quedó nuevamente en una zona de espera, con costos internos elevados, presión logística, exigencias sanitarias, gastos laborales, cargas administrativas y márgenes condicionados por mercados externos cada vez más competitivos.
La estructura económica de la pesca obliga a mirar el tema más allá de la alícuota. Cada punto aplicado sobre la exportación impacta sobre una cadena extensa que comienza en el buque, continúa en la descarga, atraviesa plantas de procesamiento, cámaras frigoríficas, transporte, certificaciones, servicios portuarios y comercialización internacional. En puertos como Mar del Plata, Puerto Madryn, Rawson, Deseado, Comodoro Rivadavia y Ushuaia, esa ecuación se traduce en empleo, inversión, continuidad operativa y capacidad de sostener valor agregado en origen.
El complejo llega a esta discusión con un desempeño exportador de alto volumen, pero de encontrar un marco más propicio, sin dudas se pueden hasta duplicar las exportaciones con una política pesquera ad hoc en el próximo lustro. En 2025, la pesca argentina superó los USD 2.010 millones en ventas externas, con más de 549.000 toneladas exportadas. Langostino, calamar, merluza y otras especies sostuvieron una matriz que combina captura, procesamiento, logística y presencia comercial en mercados exigentes. El dato confirma la centralidad económica del sector y vuelve más visible su ausencia dentro del nuevo paquete de reducción tributaria.
El discurso presidencial ubicó la baja de impuestos dentro de una lógica fiscal estricta. El Gobierno sostiene que toda reducción de cargas debe estar subordinada al equilibrio de las cuentas públicas, a la evolución de la recaudación y a la consolidación del crecimiento. Bajo ese criterio, algunas actividades ya tienen horizonte de alivio. La pesca, en cambio, conserva el régimen actual y deberá seguir esperando una evaluación particular.
La situación abre una discusión de fondo para la economía marítima. El sector reclama previsibilidad, menor presión fiscal exportadora y condiciones que permitan competir sin deteriorar empleo ni inversión. El Gobierno, por su parte, administra los tiempos de la reducción impositiva bajo la premisa de preservar el superávit fiscal. Entre ambas coordenadas se ubica una actividad que aporta divisas, sostiene comunidades portuarias y opera sobre recursos naturales que exigen planificación, control, eficiencia y continuidad productiva.
Por ahora, el mensaje concreto es uno solo, el alivio fiscal anunciado en la Bolsa de Cereales no alcanza a la pesca; aunque trascendió en altas esferas, que estaría en estudio una vez pasada la etapa de cuotificación del langostino y aplicada una mejor dinámica en la eficiencia pesquera de la merluza. Trigo y cebada tendrán una baja desde junio; soja ingresaría en un esquema gradual desde 2027; automotriz, petroquímica y maquinaria avanzarían hacia retenciones cero. El complejo pesquero argentino seguirá con los mismos derechos y reintegros de exportación vigentes, mientras mantiene en agenda un reclamo que combina competitividad, empleo, divisas y futuro industrial en los puertos del país.
