El ingreso del petrolero VS Promise al Puerto de Ushuaia concentró en una misma operación tres asuntos sensibles para la Argentina; el control de una terminal estratégica intervenida por la Nación, la administración de los hidrocarburos fueguinos y el alcance efectivo de la política soberana frente al Reino Unido en el Atlántico Sur.
El buque tanque amarró en el muelle comercial de Ushuaia a las 07:08 del lunes 24 de agosto. Permaneció allí alrededor de catorce horas para realizar tareas de aprovisionamiento y zarpó esa misma noche, con destino declarado a la terminal petrolera de Río Cullen. Su salida quedó registrada mientras navegaba hacia el este por el Canal Beagle.
El VS Promise, identificado con el número IMO 9351438, fue construido en 2007 y posee 228,6 metros de eslora, 32,57 metros de manga y 42.010 toneladas de arqueo bruto. Su capacidad de porte ronda las 70.000 toneladas y puede transportar aproximadamente 500.000 barriles de crudo.
La embarcación está matriculada en Isla de Man, dependencia de la Corona británica, una precisión jurídica y marítima más exacta que su identificación general como buque inglés.
El recorrido previo y la escala en Ushuaia
Antes de ingresar al puerto capitalino, el petrolero había operado en la monoboya de Río Cullen, instalación que integra el circuito de la Cuenca Marina Austral 1, operado por Total Austral junto con Harbour Energy y Pan American Sur.
Los registros AIS indican que el buque dejó el área de Cullen el 13 de agosto y permaneció posteriormente realizando desplazamientos y esperas operativas antes de amarrar en Ushuaia. La escala fue autorizada para abastecimiento por la administración portuaria que actualmente ejerce la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo que mantiene intervenida la terminal fueguina desde enero.
Esa distribución de competencias resultó determinante para el conflicto posterior; la Nación controla operativamente el Puerto de Ushuaia, mientras la Provincia conserva atribuciones sobre los recursos hidrocarburíferos y la terminal de Río Cullen.
Tierra del Fuego repudió el amarre
Mientras el buque permanecía en el muelle, el Gobierno de Gustavo Melella difundió un pronunciamiento de “repudio y rechazo enérgico” y calificó la operación como inadmisible por tratarse de una embarcación registrada en una jurisdicción británica.
La Provincia colocó el episodio dentro del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos. También cuestionó que la Nación hubiera intervenido el puerto invocando su valor estratégico y luego autorizara el aprovisionamiento del petrolero.
“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, sostuvo el Ejecutivo fueguino.
El planteo reclamó a la Casa Rosada información pública sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos empleados para permitir la operación. Al mismo tiempo, exigió el levantamiento de la intervención y la restitución provincial del manejo portuario.
La discusión incorporó la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero. Su artículo 2 restringe la permanencia, el amarre, el abastecimiento y las operaciones logísticas de buques de bandera británica o de conveniencia vinculados con la exploración o explotación de recursos naturales dentro de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina.
El recorrido documentado del VS Promise ubicó su actividad en Río Cullen y la Cuenca Marina Austral. Esa diferencia geográfica se convirtió en el argumento central de la respuesta nacional.
El buque zarpó y la Casa Rosada fijó posición
El VS Promise soltó amarras aproximadamente a las 21:07 del lunes, después de permanecer unas catorce horas en Ushuaia. Navegó hacia el este por el Canal Beagle a 12,1 nudos, con destino AR RIC, código correspondiente a Río Cullen, donde tenía previsto arribar el martes 25 alrededor de las 19:00. El regreso fue vinculado con una operación de carga de crudo que habría quedado inconclusa por causas todavía desconocidas.
La explicación formal del Gobierno nacional llegó el martes 25, cuando la embarcación ya había abandonado el puerto. El vocero presidencial Adrián Ravier leyó una respuesta elaborada sobre información técnica y jurídica de la Cancillería.
Ravier sostuvo que el petrolero había cargado crudo en Cullen y recalado en Ushuaia exclusivamente para aprovisionarse. También señaló que la monoboya se encuentra bajo jurisdicción provincial y atribuyó al Gobierno fueguino la intervención inicial dentro del circuito operativo.
La Casa Rosada afirmó que la escala se ajustó a la normativa vigente porque la Ley Gaucho Rivero alcanza a embarcaciones relacionadas con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas. Según la interpretación oficial, la procedencia desde Cullen y el carácter logístico del amarre dejaron la operación fuera de ese supuesto.
“Las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto”, resumió el vocero. También vinculó la escala con la actividad económica generada por los servicios prestados en Ushuaia.
La zarpada cerró la operación material, aunque dejó abierto el plano institucional. Nación autorizó el servicio portuario, Tierra del Fuego interviene sobre el circuito hidrocarburífero de Cullen y ambas administraciones trasladaron hacia la otra parte la responsabilidad política por la presencia del petrolero.
Una disputa que comienza a mirar hacia 2027
El episodio, más allá de las razones, también forma parte de una sucesión de movimientos políticos partidarios que exceden la operatoria del VS Promise. La proximidad del calendario electoral de 2027 comienza a endurecer los posicionamientos entre el Gobierno nacional y la administración de Gustavo Melella, con el control del puerto, la soberanía sobre el Atlántico Sur y la gestión de los recursos fueguinos convertidos en campos de confrontación institucional.
Un antecedente inmediato apareció pocos días antes dentro del Consejo Federal Pesquero. El gobernador habría decidido apartar a Carlos Cantú, histórico representante de Tierra del Fuego ante el organismo, sin que hasta el momento se difundieran oficialmente las razones de una medida que sorprendió al sector.
Cantú acumulaba una extensa trayectoria en la mesa donde se define la política pesquera nacional. Su salida abrió interrogantes sobre el reordenamiento interno del poder provincial y sobre el peso que comienzan a adquirir las decisiones sectoriales dentro de la construcción política fueguina.
La controversia portuaria y el movimiento dentro del Consejo Federal Pesquero exhiben así una misma aceleración. Cada decisión administrativa adquiere proyección partidaria, cada competencia institucional se convierte en territorio de disputa y cada recurso estratégico comienza a ingresar en la construcción del escenario electoral de 2027.
Los motores en Tierra del Fuego ya están en marcha y el encendido parece indicar que es desde la provincia de Buenos Aires. En pocos días, Tierra del Fuego apartó sin explicación pública a su histórico representante ante el Consejo Federal Pesquero y repudió a un petrolero que previamente había operado en una terminal hidrocarburífera bajo jurisdicción provincial.
Esa secuencia revela descoordinación institucional y decisiones sin fundamentos públicos que dañan la credibilidad argentina en el Atlántico Sur y postergan el desarrollo de una provincia con una posición geográfica estratégica excepcional.
