Puerto Deseado se prepara para incrementar su movimiento pesquero con la incorporación de seis nuevos buques poteros que operarán desde el puerto santacruceño, luego de que el Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobara 18 nuevos permisos de pesca para embarcaciones de gran altura destinadas a la próxima temporada de calamar (Illex argentinus).
La decisión fue adoptada durante una nueva reunión del organismo, de la que participó el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Sergio Klimenko. Del total de permisos otorgados, seis empresas optaron por fijar a Puerto Deseado como puerto de asiento operativo y de descarga mediante declaración jurada, fortaleciendo así el rol estratégico de la terminal en una de las pesquerías más importantes del país.
Las empresas que eligieron operar desde Puerto Deseado son Glaciar Pesquera S.A., Pesquera Deseado S.A.U., Bentónicos de Argentina S.A., Proel Procesados y Elaborados S.A., Vuogafe S.A. y Rusbuilding S.A. A partir de la próxima campaña, estos buques descargarán su producción en Santa Cruz, donde también se prevé el procesamiento de las capturas, generando mayor demanda de servicios portuarios y actividad industrial.
«Es importante para Santa Cruz sostener nuestra presencia en el Consejo y llevar los intereses y las políticas pesqueras que necesitamos para generar más producción y trabajo en nuestros puertos; estas seis empresas significan más trabajo y más actividad para el sector«, destacó Klimenko tras la reunión.
La incorporación de estos buques se enmarca en la convocatoria realizada este año por el CFP para ampliar la flota potera nacional, mediante un régimen que habilitó la aprobación de hasta 18 nuevos proyectos destinados a reforzar la capacidad operativa de la pesquería del calamar argentino.
La medida busca fortalecer una actividad considerada estratégica frente a la intensa competencia de las flotas extranjeras que operan en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Un eslabón más de Santa Cruz en la política pesquera
La elección de Puerto Deseado por parte de seis proyectos no constituye un movimiento aislado dentro del mapa pesquero nacional. Desde el comienzo de la administración de Claudio Vidal, Santa Cruz avanzó sobre varios de los factores que determinan dónde opera una flota: disponibilidad de recurso, costos portuarios, infraestructura, control de las descargas, servicios de alistamiento y capacidad industrial en tierra.
El primer paso fue recuperar reglas y previsibilidad dentro de los muelles. En abril de 2024, la Provincia abrió una mesa con empresas, sindicatos, estibadores y autoridades para ordenar la operatoria de Puerto Deseado y elaborar un nuevo reglamento portuario. En aquel momento, los datos nacionales ya mostraban un crecimiento interanual del 54% en las descargas, con aumentos del 70% para el calamar y del 272% para la centolla. El proceso encontró después un escenario más adverso, marcado por la caída del langostino y la pérdida de actividad de algunas plantas, que obligó a incorporar medidas específicas para sostener la terminal.
Durante 2025, el Gobierno provincial suspendió por cuatro meses el cobro por uso del puerto de Puerto Deseado, habilitó un sector secundario para ampliar las descargas e inició la reparación de los sitios 3 y 4. También impulsó una estrategia de procesamiento de merluza en Deseado y Caleta Paula, apoyada en la Reserva Social equivalente al 4,8% de la Captura Máxima Permisible de merluza común, unas 20.000 toneladas anuales según el volumen vigente, garantizada para Santa Cruz hasta 2039. Ese recurso incorporó una base de largo plazo para abastecer plantas, sostener empleo y negociar la radicación de operatoria pesquera dentro de la provincia.
En Caleta Paula, la recuperación avanzó sobre servicios y controles que condicionaban la llegada de buques. La Provincia reactivó la balanza portuaria, incorporó fiscalización sobre pesaje, documentación y trazabilidad, habilitó el abastecimiento de combustible mediante camiones y obtuvo la regularización nacional de la infraestructura construida en la terminal. Esta última certificación otorgó respaldo técnico y legal al canal de acceso, los muelles, el varadero y el elevador sincrónico, y reconoció capacidad para recibir embarcaciones de hasta 159 metros de eslora y 26.600 toneladas. En junio de 2026, esas mejoras permitieron el regreso del tangonero Antonio Álvarez, que descargó 110 toneladas de langostino congelado después de más de un año sin operar allí.
Los resultados comenzaron a reflejarse en el movimiento efectivo de los puertos. En el último corte nacional disponible, Puerto Deseado acumuló 67.237 toneladas y creció 46% interanual, impulsado por calamar, merluza, langostino y centolla. Caleta Olivia y Caleta Paula alcanzaron 26.143 toneladas, con una mejora del 19%. Dentro de ese proceso, la radicación operativa de seis nuevos poteros incorpora continuidad a la temporada de calamar y amplía la demanda sobre estiba, combustible, reparaciones, provisiones, transporte, frío y procesamiento.
Un dato adicional completa ese avance: las subáreas 15 y 16 de la pesquería de langostino en aguas nacionales permanecen abiertas desde el inicio de la temporada, una continuidad operativa que mejoró la posición de los puertos santacruceños frente a una de las principales especies del mar argentino. El resultado refleja tanto la administración ordenada de las capturas y la disponibilidad sostenida del recurso como la capacidad política de Santa Cruz para defender sus intereses dentro de los ámbitos federales donde se decide el manejo político pesquero.
Santa Cruz convirtió así su participación en el Consejo Federal Pesquero en una herramienta para atraer flota y capturas hacia sus propios puertos. Los seis poteros aprobados para operar desde Puerto Deseado agregan capacidad extractiva bajo control nacional, materia prima para las plantas y movimiento programado en el muelle. El desafío operativo será transformar cada declaración jurada de asiento y descarga en actividad efectiva, de manera que los permisos otorgados se traduzcan en barcos amarrados, trabajadores convocados y producción procesada dentro de la provincia.
