La causa judicial que mantiene en suspenso el futuro institucional del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) incorporó nuevos escritos que reflejan un cambio en la estrategia de los sectores opositores. Si hasta ahora el eje de las presentaciones estaba centrado en rechazar las sucesivas prórrogas de mandatos solicitadas por la conducción nacional, ahora comenzaron a aparecer propuestas concretas para intentar resolver la situación de fondo.
El contexto no es menor. Los mandatos originales de las autoridades nacionales vencieron el 28 de diciembre de 2025. Posteriormente se otorgaron extensiones judiciales excepcionales y actualmente se encuentra bajo análisis una tercera solicitud de prórroga presentada por el SOMU. Sin embargo, hasta el momento la Cámara Nacional del Trabajo no emitió una resolución ni sobre ese pedido ni sobre las distintas oposiciones formuladas por otros sectores del expediente.
La premura del debate judicial también se explica por el impacto operativo que empieza a proyectarse sobre la temporada de langostino en aguas nacionales. La flota tangonera fresquera atraviesa dificultades para sostener su participación ante la falta de definición de la paritaria 2026-2027, mientras varias tripulaciones se conformaron bajo acuerdos privados entre partes, ad referendum de lo que finalmente se establezca como recomposición salarial oficial. En ese contexto, la crisis institucional del SOMU comienza a incidir sobre la organización laboral de una zafra determinante para el empleo embarcado, la actividad portuaria y el ingreso de materia prima que nutre todo el complejo manufacturero elaborador de Chubut principalmente.
Uno de los planteos más relevantes fue presentado por dirigentes y afiliados vinculados a Corrientes, quienes solicitaron expresamente que no se otorguen nuevas prórrogas y que se avance con la designación de un funcionario normalizador.
Según sostienen, la situación actual configura un caso de acefalía contemplado por la Ley de Asociaciones Sindicales y debería resolverse mediante un mecanismo de normalización institucional orientado a convocar nuevas elecciones de autoridades.
En su presentación, además, reclamaron que se resuelva la situación del proceso electoral realizado en diciembre pasado y solicitaron que se declare la nulidad de esos comicios, al considerar que se desarrollaron pese a la existencia de una medida cautelar que había suspendido el acto electoral.
Los firmantes sostienen que la continuidad de autoridades con mandatos vencidos no constituye una solución permanente y afirman que el nombramiento de un funcionario normalizador sería el camino previsto por la legislación para restablecer la institucionalidad y convocar a nuevas elecciones.
Por otro lado, los apoderados de las listas Granate y Azul también se opusieron a la tercera solicitud de prórroga presentada por el SOMU, aunque plantearon una estrategia diferente.
En ese escrito solicitaron que la Cámara convoque una audiencia de partes para abordar la situación institucional del gremio y encauzar una salida dentro del marco democrático-electoral. Asimismo, dejaron planteada la posibilidad de requerir en el futuro la designación judicial de un delegado electoral.
Los representantes de ambas listas cuestionaron además que el nuevo pedido de prórroga no estuviera acompañado por actas del Secretariado Nacional o del Consejo Directivo que respaldaran institucionalmente la solicitud, ni por documentación que permita evaluar qué medidas adoptó la conducción durante el período de extensión ya concedido.
También sostuvieron que cualquier nueva prórroga debería estar acompañada por una fecha cierta para la realización de elecciones y garantías concretas para la participación de los sectores opositores.
Más allá de las diferencias entre los distintos espacios, los nuevos escritos muestran un cambio en el debate judicial que atraviesa al SOMU. La discusión ya no gira únicamente alrededor de la continuidad o no de las prórrogas, sino también sobre cuáles podrían ser los mecanismos para superar la crisis institucional que mantiene abierto el conflicto electoral desde fines de 2025.
Mientras tanto, la Cámara Nacional del Trabajo continúa analizando las distintas presentaciones incorporadas al expediente. Por ahora, no existe una resolución sobre la tercera prórroga solicitada por la conducción nacional ni sobre las alternativas impulsadas por los sectores opositores. Sin embargo, los últimos movimientos dejan en evidencia que el debate ya comenzó a trasladarse hacia un escenario más amplio, qué camino deberá seguir el sindicato cuando el esquema de extensiones excepcionales deje de ser una solución transitoria y empiece a exigir una salida definitiva.
Hoy, la urgencia está puesta sobre la temporada de langostino 2026 en aguas nacionales. Cuando el recurso está disponible, la flota puede operar y la industria cuenta con capacidad para procesar y exportar, cada día perdido impacta sobre empleo embarcado, actividad portuaria, producción en tierra y generación de divisas.
