En la mañana de ayer, 22 de enero de 2025, la sala de la Delegación de Comodoro Rivadavia de la Secretaria de Trabajo se llenó de voces expectantes. A las 11:00 horas, con puntualidad marcada, se presentaron representantes de distintos sectores para abordar un asunto crítico para la industria pesquera en el Golfo San Jorge y en definitiva de toda la industria primaria extractiva, las disparidades entre armadores y los trabajadores embarcados.
Por un lado, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) estuvo representado por César Zapata, Secretario de Puerto Madryn, acompañado por Alejandro Priano y Horacio Leguizamón, delegados locales. Por el otro, la empresa LUEZ SRL con su titular al frente, Luis Santander, respaldado por su representante legal, el Dr.Gustavo Cañada.
Con la apertura oficial de la audiencia a las 11:15 horas, se dio paso a las exposiciones. LUEZ SRL tomó la palabra primero. Su planteo fue contundente: para mantener la actividad económica pesquera en el golfo, proponen una reducción del 30% en el convenio colectivo de trabajo firmado en octubre de 2024. Según la empresa, los costos internos han escalado más allá de los ingresos, afectados por mercados deprimidos y la baja en las ventas. Además, señalaron que esta medida es indispensable para garantizar la viabilidad del sector fresquero de altura, específicamente para la captura de merluza. Recalcaron que sin esta reducción, cualquier aumento salarial resultaría inviable.
El SOMU, firme en su postura, no tardó en responder. Rechazaron de plano la solicitud de la empresa, reafirmando las propuestas previas realizadas por el sindicato. No obstante, mostraron disposición al diálogo, siempre con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple las necesidades económicas de los trabajadores. Fue un mensaje claro: la defensa de los derechos laborales no está en negociación, aunque la puerta al entendimiento sigue abierta, es evidente que los equilibrios históricos y lógicos que alguna vez sostuvieron la actividad pesquera han sido profundamente desestabilizados. Tradicionalmente, la distribución de los ingresos seguía un esquema claro y funcional: un tercio para el personal embarcado, otro para cubrir los costos operativos y el último destinado a la utilidad de la empresa armadora. Este modelo no solo garantizaba el sustento de los trabajadores, sino que también permitía a las empresas amortizar sus embarcaciones, mantenerlas seguras y renovar su flota al alcanzar el límite de vida útil. Además, favorecía la incorporación de avances tecnológicos esenciales para adaptarse a los desafíos de la industria.
Hoy, este equilibrio ha sido severamente trastocado. Diversos factores han llevado a una situación crítica en la que la incidencia de los costos laborales alcanza, en algunos casos, hasta el 63% del total de la producción. Este desproporcionado impacto deja al margen el sustento de la empresa, –la desaparición de la rentabilidad empresaria-, el verdadero motor del negocio, poniendo en riesgo tanto la continuidad de las operaciones como la viabilidad de la matriz productiva de toda la actividad.
Ante estas posturas, la autoridad laboral tomó nota del pedido de la empresa para involucrar a la Cámara Empresaria del Golfo San Jorge y decidió fijar una nueva audiencia para el 6 de febrero de 2025, a las 10:00 horas. Con las partes notificadas formalmente, el acto se cerró a las 12:50 horas.
Así concluyó una jornada intensa, donde el choque de intereses dejó en evidencia la complejidad del contexto económico y la urgencia de buscar consensos que aseguren la sustentabilidad de la actividad pesquera en equilibrio con los derechos de los trabajadores mostrando un caso testigo para el total de la flota que presenta idéntico dilema.
