El senador nacional Maximiliano Abad reclamó la eliminación o una reducción drástica de las retenciones a la pesca y vinculó la urgencia del pedido con la capacidad industrial sin utilizar y las dificultades para sostener el empleo. Durante la sesión del 24 de septiembre, presentó en el Senado de la Nación una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.
El planteo puso el foco en lo que sucede con las capturas después de la descarga. Según las cifras expuestas por el legislador, los productos con valor agregado pasaron de representar el 50 % de las exportaciones pesqueras en 2008 al 15 % en la actualidad. A ese retroceso sumó otro indicador sobre el funcionamiento de las empresas.
“La pyme pesquera tiene una estructura ociosa, sin utilizar, del 50 por ciento”, afirmó Abad. El senador utilizó ese diagnóstico para fundamentar su pedido de una definición tributaria y de medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción.
La capacidad ociosa de las pymes pesqueras incorporó una dimensión industrial al reclamo por los derechos de exportación. En la exposición de Abad, el problema comprende tanto la rentabilidad de las ventas al exterior como el aprovechamiento de las instalaciones y el trabajo asociado al procesamiento.
El legislador situó allí el efecto de la pérdida de participación de los productos elaborados. Su comparación entre 2008 y la actualidad describe el peso de esas exportaciones dentro del conjunto pesquero y lo vincula con las dificultades que atraviesa la transformación de las capturas en tierra.
Para dimensionar la actividad, señaló que genera alrededor de USD 2.000 millones en exportaciones, 46.000 puestos de trabajo directos y otros 100.000 indirectos. Las cifras fueron presentadas por el senador como fundamento de la necesidad de atender a toda la cadena productiva.
Su intervención relacionó ese entramado con las condiciones fiscales y administrativas que enfrentan las empresas. Abad sostuvo que la carga tributaria y la burocracia frenan la inversión y erosionan la rentabilidad del sector.
Siete meses desde la respuesta oficial
Uno de los antecedentes centrales del reclamo fue la reunión de febrero de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Según recordó Abad, el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, había vinculado una eventual baja de retenciones con la continuidad de la holgura fiscal durante los meses siguientes.
El senador cuestionó que, transcurridos siete meses, el sector siguiera esperando una respuesta. También señaló que el proyecto de presupuesto enviado al Congreso carecía de menciones o referencias a esa modificación.
El recorrido que expuso incluye un pedido realizado en mayo al Gobierno nacional y a las provincias con litoral marítimo para que respaldaran a la actividad. En marzo, durante el debate sobre pesca ilegal, había reclamado una reducción de impuestos y de las cargas administrativas que afectan a las empresas.
En agosto, agregó, presentó un proyecto para declarar la emergencia del sector pesquero fresquero, con el objetivo de mejorar las condiciones fiscales y proteger el empleo.
“Las respuestas no llegan y la crisis avanza”, sostuvo al repasar esas gestiones.
Abad valoró las reducciones de retenciones anunciadas para el sector agropecuario y pidió extender a la pesca el criterio utilizado para fundamentarlas.
Su argumento se apoyó en la contribución de ambas actividades a la inversión y al empleo, junto con su capacidad para generar exportaciones. El legislador sostuvo que los beneficios anunciados para otros sectores productivos todavía estaban pendientes para las empresas pesqueras.
La comparación buscó trasladar la discusión desde la expectativa de una futura mejora fiscal hacia una decisión concreta sobre los derechos de exportación. En su exposición, el tiempo transcurrido y la estructura industrial sin utilizar justifican la urgencia de ese tratamiento.
Mercados y costos internos
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea también formó parte de su intervención. Abad señaló que las oportunidades comerciales deben analizarse junto con las condiciones impositivas y los costos que enfrentan los productores de la región.
Según planteó, el costo argentino reduce la competitividad de las empresas nacionales. Por eso vinculó la apertura de mercados con la necesidad de mejorar las condiciones de producción que permitan aprovecharla.
Sobre ese fundamento pidió una mesa estratégica con todos los sectores de la pesca. La propuesta reúne el reclamo tributario con una discusión más amplia sobre el crecimiento de la actividad y su aporte a la economía.
La cuestión de privilegio quedó registrada bajo el expediente S. 1.693/26. Al concluir la exposición, la presidencia del Senado la remitió a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento. La presentación dejó formalizado el reclamo de Abad por una respuesta del Ejecutivo sobre las retenciones y la situación industrial de una parte del sector.
En paralelo, la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación viene trabajando sobre la cuestión, cuya definición requiere la intervención del Ministerio de Economía de la Nación en el marco de la política fiscal. La discusión comprende también el esquema de reintegros a la exportación, que devuelve tributos internos y contempla tratamientos diferenciados según el producto y su elaboración.
Esa estructura exige evaluar el impacto de una eventual baja de retenciones sobre los distintos productos pesqueros, considerando cómo quedaría la relación entre exportar materias primas y productos con mayor transformación. Allí se juega también la preservación de los incentivos para incorporar mano de obra y valor agregado en tierra.
