En lo que va de 2025, la industria pesquera en Mar del Plata atraviesa un profundo reacomodamiento estructural que se refleja en el cierre de plantas, una drástica reducción de la actividad y la pérdida de cientos de puestos de trabajo genuino, afectando de manera directa a la comunidad portuaria y engrosando la actividad laboral marginal.
Desde mediados del año pasado, Gaveteco dejó de operar, con una clara impronta de lo que vendría a posteriori, ante promesas de apertura que solo sirvieron para paliar una situación preocupante y poco clara para sus 150 trabajadores.
A comienzos de año, el frigorífico Sur Trade cesó sus operaciones, dejando sin empleo a más de 140 trabajadores directos y provocando un fuerte impacto en las plantas fasoneras que dependían de su producción. Entre ellas se encuentra Rosamar, que procesaba pescado para diversos frigoríficos y redujo su actividad a mínimos ante la falta de materia prima.
Este tipo de fasoneras, habituales en el puerto marplatense, solían procesar pescado para diferentes firmas, y su funcionamiento se ha vuelto insostenible ante la baja rentabilidad del sector primario extractivo, sumado a factores vinculados a políticas del gobierno nacional, pero sobre todo a una caída de precios y baja demanda en el sector merlucero mundial. La caída en los desembarques se traduce en menos volumen de trabajo, recorte de turnos y parálisis primero en las plantas más precarias, donde se terceriza la tarea.
La crisis también afecta a otras firmas con actividad local. La empresa Marechiare, con más de 50 años en el sector, anunció el cierre definitivo de su planta para reconvertirse en importadora, señalando el encarecimiento de los costos operativos, el tipo de cambio y la caída de la demanda por la falta de competitividad en el segmento internacional.
El caso más reciente es el de Apolo Fish, cuya planta también cerró en Mar del Plata, el cierre de la planta y los despidos dejaron a casi 40 familias sin ingresos, generando una fuerte movilización sindical, sumándose a la lista de empresas que se vieron forzadas a cesar sus operaciones en lo que va del año. Este nuevo cierre refuerza el diagnóstico de un sector al borde del colapso, con consecuencias sociales cada vez más visibles.
Se estima que cientos de trabajadores han perdido sus empleos durante los primeros seis meses de 2025, mientras que otros tantos han sido relegados a la garantía horaria. Este mecanismo, que implica el cobro de un salario básico sin actividad efectiva, se ha vuelto un signo recurrente de la falta de competitividad que atraviesa la industria.
Desde una perspectiva crítica y con un enfoque de alta densidad analítica, el progresivo deterioro que atraviesa el entramado productivo del sector pesquero argentino no puede ser comprendido sin atender a la convergencia de factores estructurales y coyunturales que lo erosionan de manera sistemática. La sostenida escalada de costos —en parte producto de una inflación persistente e indomable— convive con una retracción palpable de la demanda internacional, dando lugar a un contexto de fragilidad económica que expone la vulnerabilidad de los actores locales.
A esta ecuación se suma un régimen laboral anacrónico, estancado en los marcos normativos del año 2005, incapaz de responder a las transformaciones tecnológicas, logísticas y operativas que han reconfigurado radicalmente la industria en las últimas dos décadas. Como si esto no fuera suficiente, la competencia desigual con productos importados —que ingresan al mercado sin equivalencias regulatorias ni exigencias sanitarias proporcionales— tensiona aún más la rentabilidad de las empresas locales, obligadas a operar bajo estándares más rigurosos y con márgenes cada vez más exiguos.
El tipo de cambio, lejos de actuar como amortiguador, se ha transformado en un catalizador de la crisis: la sobrevaluación de la moneda nacional durante los últimos 18 meses, combinada con estructuras de costos indexadas por IPC, ha generado un desfasaje insostenible que termina asfixiando la viabilidad económica del sector.
En este escenario de adversidad, el complejo merlucero de Mar del Plata y el langostinero de Chubut se ven atrapados en una suerte de espejo trágico: ambos reflejan la misma lógica de decadencia silenciosa, con aumento de incobrabilidad y endeudamiento. La progresiva desactivación de plantas, la desaparición de empleo formal y la expansión de unidades de procesamiento informales —sin registro, sin regulación, sin garantías— constituyen síntomas de un proceso de descomposición más profundo, habilitado por la pasividad cómplice de gobiernos municipales y provinciales que han optado por la inacción como política. La ausencia de respuestas no es neutral: legitima el vaciamiento del trabajo genuino en nombre de una precariedad que se disfraza de subsistencia.
De no aplicarse medidas urgentes para frenar esta tendencia, el puerto de Mar del Plata —históricamente uno de los principales polos pesqueros del país— podría enfrentar una de sus peores crisis, con consecuencias sociales y económicas de impacto y largo alcance.
