La decisión del Consejo Federal Pesquero (CFP) de avanzar con la convocatoria para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros a la matrícula nacional sigue acumulando cuestionamientos. Durante la reunión reflejada en el Acta N° 18/2026, el organismo rechazó el recurso de reconsideración presentado por el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), aunque reconoció la existencia de nuevas presentaciones vinculadas a la Resolución CFP N° 6/2026, que serán analizadas por la Asesoría Letrada.
El planteo del sindicato había sido presentado el pasado 8 de junio y solicitaba la suspensión de la resolución, la incorporación de las organizaciones gremiales al debate sobre la política pesquera para el recurso calamar, la participación de representantes sindicales como veedores durante el proceso de evaluación de los proyectos y la incorporación de criterios laborales obligatorios para seleccionar las iniciativas.
En su presentación, SICONARA sostuvo que cualquier expansión de la flota debería sustentarse en fundamentos científicos sólidos, respetar el principio precautorio y garantizar la sustentabilidad del recurso. Además, argumentó que el crecimiento de la capacidad de pesca no necesariamente determina mayores capturas, dado que la biología del calamar y la abundancia de los distintos stocks constituyen el principal factor que condiciona los volúmenes de extracción.
El sindicato también invocó principios contenidos en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la Ley Federal de Pesca y diversos instrumentos internacionales relacionados con la pesca responsable y la conservación de los recursos pesqueros.
Sin embargo, el Consejo Federal Pesquero resolvió rechazar el recurso. Si bien reconoció que la presentación había sido realizada dentro de los plazos legales, consideró que el sindicato carece de legitimación para impugnar una decisión vinculada a la política pesquera nacional, al entender que la Resolución 6/2026 no afecta de manera directa derechos individuales o colectivos de los trabajadores ni la libertad sindical.
El organismo recordó que la resolución fue adoptada sobre la base de informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que concluyó que la incorporación de entre 15 y 20 nuevos poteros no representa, un riesgo para la sustentabilidad de los principales stocks de Illex argentinus.
Según ese informe, una mayor capacidad de captura permitiría aprovechar una mayor proporción del recurso dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina antes de que migre hacia aguas internacionales, donde es explotado por flotas extranjeras y por buques que operan bajo licencias ilegales otorgadas en las Islas Malvinas.
Como fundamento adicional, el CFP sostuvo que la convocatoria persigue, entre otros objetivos, promover el desarrollo de la actividad y generar nuevos puestos de trabajo, por lo que no advirtió una afectación concreta que habilite la impugnación presentada por la organización sindical.
La decisión fue adoptada por mayoría, con la abstención de la representación de la Provincia de Buenos Aires.
Precisamente, durante el tratamiento del expediente, la representante bonaerense dejó constancia de que comparte las objeciones planteadas por SICONARA respecto de la insuficiencia del respaldo científico para evaluar el impacto que tendría un aumento del esfuerzo pesquero sobre cada uno de los cuatro stocks de calamar presentes en la Zona Económica Exclusiva argentina. Recordó además que la provincia ya había interpuesto su propio recurso de reconsideración contra la Resolución CFP Nro.6/2026, cuyos argumentos avanzan en el mismo sentido.
Lejos de cerrarse el debate, el Acta también refleja que el Consejo recibió nuevas presentaciones vinculadas a la convocatoria por lo que resolvió remitir todas esas presentaciones a la Asesoría Letrada para su correspondiente análisis, por lo que la discusión sobre la ampliación de la flota potera continúa abierta y promete seguir ocupando un lugar central dentro de la agenda pesquera nacional.
