La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles y convirtió en ley la adhesión de la República Argentina al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), el principal instrumento internacional destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobado por unanimidad con 228 votos afirmativos, incorporando al país a un sistema internacional que ya integran más de 85 Estados y que busca impedir que las capturas obtenidas mediante actividades ilegales ingresen a los mercados a través de los puertos.
El Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto constituye el primer tratado internacional jurídicamente vinculante centrado específicamente en combatir la pesca INDNR.
Su objetivo consiste en impedir que los buques vinculados a este tipo de actividades utilicen los puertos para desembarcar sus capturas, abastecerse o comercializar sus productos, reduciendo así los incentivos económicos que sostienen este fenómeno a escala global.
Con la adhesión, Argentina podrá exigir información previa a las embarcaciones pesqueras extranjeras antes de autorizar su ingreso, inspeccionar documentación, capturas y operaciones, intercambiar información con otros Estados y denegar el acceso a puerto cuando existan indicios de actividades ilegales.
Además, el país podrá incorporarse al Sistema Mundial de Intercambio de Información (GIES), una plataforma desarrollada por la FAO que facilita el intercambio de datos entre los Estados Parte y fortalece los mecanismos de fiscalización sobre la actividad pesquera internacional.
Tras la sanción de la ley, la representación de la FAO en Argentina destacó la importancia de la incorporación del país al acuerdo.
La representante interina del organismo, Maya Takagi, sostuvo que la adhesión fortalece los esfuerzos internacionales para combatir una actividad que afecta especialmente a las comunidades costeras y compromete el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.
«La sanción de esta ley es muy importante para la Argentina, que se suma a los esfuerzos globales para combatir la pesca ilegal, actividad que afecta especialmente a las poblaciones rurales costeras en zonas vulnerables«, afirmó.
En ese sentido, agregó que la implementación del acuerdo permitirá «hacer un uso más eficiente de los recursos marinos vivos del país» y ampliar las capacidades de fiscalización sobre los buques pesqueros, incluyendo aspectos vinculados al cumplimiento de normas internacionales de seguridad, condiciones laborales y protección ambiental.
Aunque la iniciativa recibió un respaldo unánime, el debate parlamentario también dejó espacio para plantear desafíos pendientes.
El diputado nacional por Chubut Juan Pablo Luque (Unión por la Patria) expresó el acompañamiento de su bloque al proyecto, aunque advirtió sobre la necesidad de fortalecer la respuesta penal frente a la depredación de los recursos pesqueros.
El legislador cuestionó que la normativa vigente contemple únicamente sanciones económicas que, según sostuvo, resultan insuficientes como herramienta disuasoria.
En ese marco, propuso avanzar en el tratamiento de un proyecto presentado por integrantes de su bancada para incorporar la pesca ilegal al Código Penal y establecer penas privativas de la libertad para quienes incurran en este tipo de delitos.
Según estimaciones internacionales, una de cada cinco capturas pesqueras proviene de actividades ilegales o irregulares, mientras que la FAO advierte que más de un tercio de las poblaciones de peces del planeta se encuentran sometidas a niveles de explotación biológicamente insostenibles.
En el caso argentino, el desafío adquiere una relevancia particular por la importancia estratégica del Atlántico Sudoccidental y de recursos como el calamar argentino, cuya pesquería figura entre las más relevantes del mundo fuera de la competencia de una organización regional de ordenación pesquera.
Con la sanción de esta ley, Argentina incorpora una herramienta utilizada a nivel internacional para reforzar los controles portuarios y la cooperación entre Estados, en un contexto donde la lucha contra la pesca INDNR se consolida como uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de los recursos marinos y la competitividad de las pesquerías que operan dentro de la legalidad.
