El gobierno de Donald Trump presentó el 23 de octubre la America First Seafood Strategy, una nueva política destinada a fortalecer la producción pesquera estadounidense, modernizar su infraestructura industrial y mejorar las condiciones de competencia frente a los proveedores extranjeros. La iniciativa, coordinada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), responde a la Orden Ejecutiva 14276, firmada en abril de 2025.
Para Argentina, la decisión adquiere relevancia comercial concreta: Estados Unidos es el tercer destino de sus exportaciones pesqueras, con operaciones por USD 158 millones durante 2025. La estrategia introduce nuevas prioridades de fiscalización y promoción industrial que podrían modificar las condiciones de acceso y competencia en ese mercado.
Argentina y los compromisos contra la pesca ilegal
La política estadounidense refuerza el seguimiento de los compromisos internacionales relacionados con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), los subsidios pesqueros perjudiciales y la administración sostenible de los recursos.
En ese marco adquiere relevancia el acuerdo bilateral de comercio e inversiones recíprocos firmado el 5 de febrero de 2026, mediante el cual Argentina asumió obligaciones sobre fiscalización de embarcaciones, prevención de transbordos vinculados con capturas ilegales y aplicación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El instrumento también contempla medidas relacionadas con el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, orientado a impedir que productos procedentes de la pesca ilegal ingresen a los circuitos comerciales internacionales.
Estos compromisos forman parte del marco comercial bilateral y su seguimiento no implica una declaración de incumplimiento ni una sanción contra las exportaciones argentinas.
Más controles sobre las importaciones y la trazabilidad
Uno de los instrumentos centrales será el fortalecimiento del Seafood Import Monitoring Program (SIMP), régimen estadounidense que exige documentación para reconstruir el origen de determinadas especies desde su captura hasta la importación.
Actualmente comprende trece grupos que reúnen más de 1.100 especies y representan aproximadamente la mitad de las importaciones pesqueras estadounidenses.
El langostino argentino (Pleoticus muelleri) se encuentra alcanzado por este sistema. En cambio, el calamar, la merluza común, la vieira y la merluza negra permanecen fuera del listado específico vigente.
NOAA prevé incorporar herramientas tecnológicas avanzadas para identificar embarques de riesgo, detectar inconsistencias documentales y combatir el etiquetado fraudulento y la sustitución de especies. La estrategia establece prioridades de fiscalización, aunque su presentación no modifica automáticamente las especies incluidas en el SIMP.
Un antecedente reciente ilustra el alcance de esos controles. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) examinó 26 muestras de productos pesqueros congelados importados, procedentes de nueve países, y detectó doce con un peso neto inferior al declarado, con diferencias de entre 1,42% y 32,75%.
Las irregularidades estuvieron relacionadas con la inclusión indebida del glaseado —la capa protectora de hielo— dentro del peso comercializado. La FDA rechazó los doce embarques e incorporó a once empresas extranjeras a una alerta que permite retener futuras partidas sin examen físico previo.
Argentina no figuró entre los países involucrados. Los doce casos corresponden exclusivamente a las muestras examinadas y no representan el comportamiento general de las importaciones estadounidenses.
Financiamiento industrial y consecuencias para las exportaciones
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) incluyó el procesamiento pesquero en el programa SPUR, que contempla al menos USD 5.000 millones en préstamos garantizados destinados al conjunto de las industrias de carnes, aves y productos pesqueros.
El esquema prevé garantías federales del 90% y préstamos de hasta USD 175 millones por beneficiario, sujetos a las condiciones financieras del programa y a la disponibilidad de fondos.
La estrategia también promueve inversiones en plantas procesadoras, infraestructura frigorífica, puertos y astilleros, además de una identificación voluntaria denominada U.S.-Caught Seafood, destinada a distinguir los productos capturados por embarcaciones estadounidenses. Se suman medidas para favorecer la producción nacional en las compras públicas y estimular su consumo interno.
El objetivo es ampliar la capacidad de procesamiento dentro de Estados Unidos y reducir la dependencia de cadenas extranjeras de abastecimiento.
Para la industria argentina, esa orientación podría modificar las condiciones de competencia de productos elaborados, particularmente el langostino pelado y desvenado, mientras que la merluza negra continuará expuesta a la evolución de la demanda estadounidense.
Según las estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Argentina exportó durante 2025 un total de 549.416 toneladas de productos pesqueros por USD 2.010 millones. Estados Unidos concentró USD 158 millones, equivalentes al 7,9% del valor total, detrás de China, con USD 486 millones, y España, con USD 373 millones.
El langostino encabezó las exportaciones al conjunto de los mercados internacionales, con USD 867 millones, seguido por el calamar, con USD 550 millones, y la merluza, con USD 326 millones.
El impacto de la nueva estrategia dependerá de las inversiones industriales que efectivamente se concreten, de las disposiciones que adopten NOAA, FDA y Aduanas y de la evolución de las compras estadounidenses.
Para Argentina, el punto central es determinar si esa corriente impulsada por la administración Trump, America First Seafood Strategy (Estrategia de Productos Pesqueros «Primero América«), modifica las condiciones comerciales de un mercado que representa casi el 8% del valor de sus exportaciones pesqueras.
