Los gremios vinculados a la actividad pesquera solicitaron formalmente al Consejo Federal Pesquero que desestime y archive el denominado “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Hubbsi”, una propuesta incorporada a la agenda institucional del organismo y vinculada con la utilización de cuotas de captura de merluza común que permanecen sin explotación.
La presentación ingresó el 9 de junio y lleva la firma de organizaciones representativas de los sectores marítimo, portuario, naval, industrial y administrativo de la pesca. El planteo sindical apunta a que el CFP cierre el tratamiento del expediente antes de que avance hacia una instancia normativa con efectos sobre la distribución efectiva del recurso.
El documento recuerda que la iniciativa fue incorporada al tratamiento del Consejo mediante la Nota DNCyFP NO-2026-37330917, incluida en el Acta CFP Nro.10/2026 del 15 de abril. Según los firmantes, aunque el texto fue presentado bajo el formato de informe técnico, su contenido tendría alcance regulatorio porque plantea mecanismos para ordenar, reasignar o canalizar cuotas de captura de merluza común no utilizadas.
El punto sensible está en la consecuencia práctica del esquema. Para los gremios, una herramienta de ese tipo podría derivar en el traslado de posibilidades de captura desde buques fresqueros hacia unidades congeladoras, con impacto directo sobre el abastecimiento de materia prima para plantas de procesamiento radicadas en tierra.
La discusión excede el diseño administrativo de una cuota. En la merluza común, cada tonelada descargada por la flota fresquera sostiene una cadena de trabajo que empieza en el buque, continúa en el puerto y se proyecta sobre plantas de fileteado, cámaras, transporte, servicios navales, estiba y empleo industrial. Por eso, la reasignación de captura aparece para los sindicatos como una decisión con efectos productivos concretos sobre Mar del Plata y otros puertos vinculados al procesamiento de pescado fresco.
La representación de la provincia de Buenos Aires ya había planteado, durante el tratamiento del tema, que una redistribución permanente de cuotas desde la flota fresquera hacia la congeladora podría afectar el suministro de materia prima a establecimientos en tierra. Ese señalamiento quedó incorporado al debate institucional y ahora vuelve a ser utilizado por las organizaciones sindicales como fundamento de su pedido de archivo.
El escrito también recuerda que en el Acta CFP Nro.11/2026 quedó reflejada la preocupación de sindicatos, asociaciones profesionales y cámaras empresarias. En aquella instancia, distintos actores solicitaron que la propuesta fuera sometida a una consulta amplia antes de cualquier definición administrativa, por entender que una modificación de este tipo puede incidir sobre producción, empleo, valor agregado y funcionamiento portuario.
La presentación sindical sostiene que el proyecto continúa vigente dentro de la agenda del CFP y por eso reclama una definición expresa. El pedido no se limita a frenar una discusión coyuntural: las organizaciones solicitan que el organismo desestime definitivamente la propuesta y proceda al archivo de las actuaciones.
El argumento central se apoya en la Ley Federal de Pesca 24.922. Los gremios invocan los principios vinculados con la generación de empleo argentino, el máximo valor agregado, el procesamiento en tierra y las condiciones establecidas para la transferencia de cuotas de captura. Desde esa lectura, consideran que el procedimiento analizado resulta incompatible con el criterio de preservar trabajo industrial asociado a la merluza común.
La merluza hubbsi es una especie estructural para la pesca argentina. Su administración no solo define capturas, sino también flujo de materia prima, ocupación de plantas, estabilidad laboral y capacidad de los puertos para sostener actividad durante el año. Por eso, cualquier mecanismo que altere la asignación efectiva del recurso abre una discusión de fondo sobre el modelo productivo: captura congelada a bordo o desembarque fresco con procesamiento posterior en tierra.
En el tramo final, las organizaciones firmantes dejaron reservados los derechos y acciones administrativas y judiciales que pudieran corresponder en caso de que la iniciativa continúe su curso. La advertencia introduce un componente jurídico dentro de un debate que ya tenía alcance pesquero, laboral e institucional.
Con esta presentación, los gremios buscan que el CFP produzca una decisión clara sobre el expediente. La discusión por la optimización de la merluza común deja de ser una cuestión técnica de administración de cupos y pasa a ubicarse en el centro de una preocupación sectorial mayor: cómo garantizar que el manejo del recurso preserve capturas, empleo argentino, actividad portuaria y valor agregado en tierra.
No obstante, más allá del planteo sindical y aun frente al pronunciamiento de algunos armadores pour la gallerie sobre la necesidad de respetar en forma estricta la Ley Federal de Pesca, en parte del ámbito pesquero quedaron abiertas otras lecturas. La primera es económica y productiva, lo que no se captura tampoco genera trabajo, descarga, servicios portuarios ni valor comercial. La segunda es administrativa: el procedimiento, según interpretan algunas consultas sectoriales, buscaba ordenar una práctica que en los últimos años se habría vuelto recurrente dentro del manejo efectivo de la especie. Y la tercera es biológica y operativa: desde hace varios años, la merluza común permanece por debajo de la Captura Máxima Permisible, sin alcanzar niveles de descarga compatibles con el máximo aprovechamiento autorizado del recurso.
Allí aparece el verdadero fondo del debate, cómo compatibilizar legalidad, empleo en tierra, eficiencia de captura y utilización plena de una especie central para la pesca argentina, sin alterar los equilibrios productivos que sostienen a la flota fresquera, la industria y los puertos.
