“Los productos que no sean trazables afrontarán dificultades para ingresar a los grandes mercados”

El director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Mauricio Remes Lenicov, destacó el valor de contar con un sistema que optimice el seguimiento de los productos pesqueros desde la captura hasta la comercialización.

Fue durante el “Taller Internacional de Sistemas de Trazabilidad de Recursos Hidrobiológicos en América del Sur para Optimizar la Gestión pesquera y Combatir la Pesca Ilegal», organizado por el Ministerio de la Producción y Trabajo junto a la World Wildlife Fundation.

El encuentro tuvo lugar días pasados en Perú y sirvió para que el funcionario exponga algunas de las acciones que encara Agroindustria y la Subsecretaría de Pesca hacia la implementación de un sistema de trazabilidad para los recursos pesqueros locales.

La iniciativa involucra también a la Afip y al Senasa. Además, según el funcionario requerirá de “un fuerte” acompañamiento del sector para emitir la guía única de tránsito.

«En el corto plazo aquellos productos que no sean trazables afrontarán serias dificultades para ser comercializados en los grandes mercados como la Comunidad Europea, China, Estados Unidos y Japón, del mismo modo que ocurrió con las certificaciones de captura legal», advirtió Remes Lenicov en ese sentido.

Según destacaron desde el Gobierno, la guía única de transito posibilitará una mejor administración, optimizar los controles y, sobre todo, la trazabilidad de los productos pesqueros a lo largo de la cadena de valor.

“Será de cumplimiento obligatorio en el corto plazo», adelantó Remes Lenicov en sintonía con la ya anunciado por el Senasa.

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Por otra parte, la Argentina continúa trabajando como integrante de la red de intercambio de información y experiencias entre países de América Latina y el Caribe para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR).

Del este último taller, por caso, participaron delegaciones de Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos y representantes de las diversas instituciones civiles, quienes debatieron sobre el impacto en las comunidades costeras de la actividad ilegal.