El conflicto entre Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) incorporó un nuevo capítulo de la saga, luego que el presidente de la empresa, Fernando Álvarez Castellano, anunciara que se someterá a exámenes toxicológicos y condiciona su presencia en las audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo a que dirigentes sindicales acepten realizarse los mismos estudios.
El empresario sostuvo que solicitará los estudios «más severos» disponibles para demostrar que nunca consumió drogas y adelantó que hará públicos los resultados una vez que se los practique en Argentina.
«He pedido a mi abogado que me diga qué estudio me tengo que hacer para demostrar que yo no he tomado nunca cocaína. Me haré el examen más severo que exista«, afirmó.
Sin embargo, la propuesta no quedó limitada a su situación personal. Álvarez Castellano aseguró que invitará a los dirigentes del STIA Luis Núñez y José Díaz a realizarse los mismos controles y anticipó que esa será una condición para volver a asistir personalmente a las audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo de Chubut.
«Los voy a invitar a que hagan un examen, porque mientras ellos no se hagan un examen, yo no me apersono en las audiencias«, sostuvo. «Yo me hago el estudio y que se lo haga él«, agregó.
El empresario explicó que su decisión responde a los agravios personales que, según afirmó, recibió por parte de dirigentes sindicales durante el conflicto que enfrenta a la empresa con el STIA.
En ese sentido, aseguró que no promoverá acciones judiciales por esas expresiones, aunque remarcó que el respeto debe ser una condición ineludible para sostener el diálogo institucional durante la conciliación obligatoria. Con más de medio siglo de trayectoria en la actividad, su posición reivindica una conducta empresaria que merece ser tratada con la consideración propia de quien ha sostenido inversión, trabajo y presencia histórica en el sector. «Que me traten con respeto«, expresó, para mar y pesca.
La controversia se desarrolla en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Chubut tras la ocupación de las oficinas administrativas de Conarpesa ocurrida el 15 de julio y el posterior despido con causa de 39 trabajadores.
Mientras la empresa sostiene que las desvinculaciones respondieron a una «injuria grave» derivada de la toma de las instalaciones, el STIA cuestiona la medida y reclama la reincorporación del personal despedido.
En paralelo, Conarpesa mantiene su pedido para que la autoridad laboral revoque la conciliación obligatoria, mientras la causa penal iniciada por la ocupación de las oficinas continúa su curso en la Justicia.
