Desde Londres indicaron que tanto nuestro vecino país, como el ibérico (que posee una flota de casi 9 mil buques), fueron apuntados en un informe difundido en la víspera que por lo menos 128 mil pescadores, estuvieron atrapados en trabajos forzosos en embarcaciones pesqueras solamente en el año 2021.
La Coalición para la Transparencia Financiera elaboró el informe denominado “Nexos oscuros: descubriendo a los responsables del trabajo forzoso en las flotas pesqueras comerciales”, donde se indica que el 22,5% de los barcos “acusados” por diversos organismos de trabajo forzoso, son propiedad de empresas europeas, un penoso ranking encabezado por España.
El estudio también revela que el 45% de los buques para los que se disponía de datos de localización operaba o fueron detectados en sólo cinco países: Tailandia, Somalia, Indonesia, Irlanda y Uruguay.
España encabeza ese lamentable listado entre las empresas europeas con 12 buques, lo que representa el 5% del total del que se dispone de información legal de acuerdo a lo que consignó la Agencia EFE, donde también señalan que Rusia con 7 barcos y el Reino Unido con 6, convierte a los ibéricos “en uno de los cinco primeros países de empresas propietarias de buques acusados de trabajo forzoso”.
Remarcan además que “las compañías de solo cinco países (China, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur y España) poseen casi dos tercios de los buques acusados para los cuales hay datos de propiedad legal.”
Por ejemplo la empresa de origen ruso “Pescatlant Ltd. es la principal compañía de Europa que está acusada de trabajo forzoso, con sede en San Petersburgo y que utiliza el puerto español de Las Palmas como base de asiento.
Las revelaciones del documento marcan también que al menos una cuarta parte de los barcos analizados en el informe tenían bandera de la República Popular de China y un 18% “llevaba pabellones de conveniencia, que tienen controles laxos, secreto financieros e impuestos bajos o inexistentes”.
El informe que apenas se está conociendo en el mundo destacan además que más de un tercio de los buques paras los que había datos de localización operaron en Asia, África (21%), Europa (14%) y América Latina y el Caribe (11%).
El análisis de la Coalición para la Transparencia Financiera, que agrupa a once Organizaciones No Gubernamentales, fue confeccionado a partir de una base de datos con cerca de 500 embarcaciones pesqueras acusadas de abusos, conjuntamente con otra de pesca ilegal y registros de propiedad, con el apoyo de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y Greenpeace internacional.
La Coalición sostiene que el trabajo forzoso en el sector pesquero -que puede incluir violencia física, condiciones de servidumbre por deudas o de trabajo y de vida abusivas- ”se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria”, señala además que la mayoría de los países “rara vez solicitan información sobre los beneficiarios finales cuando registran buques o solicitan licencias de pesca, lo que significa que los responsables últimos de los abusos no son detectados ni castigados”, además de que a menudo utilizan estructuras corporativas complejas para enmascarar su propiedad.
Como consecuencia de la situación ahora expuesta en los medios, la Coalición le solicitó a los Estados Unidos adoptar cinco medidas al menos para proteger a los pescadores y también mejorar la transparencia en el sector.
Esas medidas reclaman mejorar la información pública sobre las embarcaciones y además confeccionar un listado con los acusados de trabajo forzoso o pesca ilegal, como así también crear registros abiertos de beneficiarios reales y catalogar tanto esta lamentable situación como la pesca INDNR como “delitos determinantes a efectos de blanqueo de capitales”, además de instar a ratificar los principales convenios internacionales para prevenir el trabajo forzoso y que la pesca se incluya como “industria extractiva” en iniciativas relativas a la regulación y transparencia de ese tipo de industrias.
Es un informe que involucra a todo un sector. Si bien puede haber desvíos, no es ni el total ni representativo de un sector pujante de la economía de ambos paises. Por otro lado, la flota uruguaya, queda involucrada, pero todo lector sabe que a bordo de sus embarcaciones estas practicas no se realizan. Por cuanto Uruguay es rozado por estos pésimos atributos como consecuencia de buques que operan en el puerto de Montevideo y pertenecen a banderas diversas del sudeste asiático donde sí podría darse este tipo de violación a los derechos humanos de los trabajadores.
