Después de años de inactividad, el astillero del puerto de Comodoro Rivadavia avanza hacia su recuperación con una inversión proyectada de 9 millones de dólares. Las obras comenzarían oficialmente en las próximas semanas y se espera que, en apenas seis meses, el taller esté en condiciones de prestar servicios de reparación a embarcaciones de hasta 60 metros de eslora.
La iniciativa fue adjudicada a una unión entre Mercado Victoria SA y Gonzalo Javier De Vivo, con el respaldo técnico de la firma Aloncar, que estará a cargo del gerenciamiento de la concesión. Según lo previsto, en breve se firmará el contrato definitivo, lo que marcará el inicio formal de los trabajos.
El gobernador Ignacio Torres destacó la importancia estratégica del proyecto: “Estamos poniendo las bases para que este astillero sea sinónimo de empleo, competitividad y ventajas logísticas para la región”.
El proceso de reactivación contempla una primera etapa centrada en la puesta a punto del syncrolift, el sistema de elevación que permite sacar los buques del agua para su reparación. Este equipo, provisto de 12 motores Rolls Royce, será revisado y reacondicionado. También se trabaja en la rehabilitación del sistema de rieles y en la estación de transferencia que traslada las embarcaciones dentro del taller. Paralelamente, se está reacondicionando la red eléctrica del predio.
Desde el consorcio concesionario anticipan que las primeras tareas se apoyarán fuertemente en la tercerización de servicios en talleres locales, sin adquirir maquinaria propia en esta etapa inicial. Se calcula que el 60 a 70% del trabajo técnico se realizará en colaboración con empresas metalmecánicas de la ciudad, lo que aportará dinamismo al mercado laboral. La fase de puesta en marcha requerirá unos 300 empleos directos.
En paralelo, ya se identificaron dos tipos de embarcaciones que podrían ser atendidas apenas se reactive el syncrolift, lo que demuestra la necesidad existente de contar con una infraestructura de este tipo en la región. En principio, la oferta de servicios estará orientada a la flota pesquera que opera en el Atlántico sur, especialmente tangoneros y poteros de esloras entre 40 y 70 metros.
La estrategia es prudente: comenzar con reparaciones de mediana complejidad y avanzar, progresivamente, hacia servicios más especializados a medida que se consolide un equipo técnico capacitado. Esta lógica también facilitará la formación de personal local, clave para sostener la actividad en el largo plazo.
Además, se analiza la posibilidad de articular con la zona franca y otros puertos patagónicos, lo que permitiría optimizar costos logísticos e incluso -lamentablemente- atraer a flotas internacionales que actualmente operan fuera del territorio argentino, como las que pescan aguas afuera a la ZEEA y recurren al puerto de Montevideo para su mantenimiento.
La posible reactivación del astillero en Comodoro Rivadavia adquiere una dimensión inquietante ante la posibilidad de que preste servicios de apoyo logístico a una flota de más de 300 buques que opera fuera de la milla 200, en una zona de alta sensibilidad geopolítica y ecológica. El intendente Othar Macharashvili valoró el proyecto como una oportunidad para redefinir el perfil productivo de la ciudad al declarar: “Esto puede marcar un antes y un después para Comodoro”. Sin embargo, sus palabras no contemplan el impacto que podría tener una eventual articulación con flotas extranjeras que faenan a escasas 300 millas del puerto, en áreas no sometidas a jurisdicción nacional, pero vitales para la sostenibilidad de especies como el calamar y otras de alta demanda comercial.
El astillero, concebido como una promesa de desarrollo en la década del ’90, podría finalmente asumir una función estratégica tras más de 25 años de espera. No obstante, la inversión, planificación y articulación regional que lo impulsa hoy podrían también convertirlo en una plataforma operativa que facilite el saqueo de recursos pesqueros por fuera del control soberano argentino, debilitando los esfuerzos por proteger un ecosistema ya presionado y comprometiendo la posición geopolítica del país en el Atlántico Sur.
