La empresa Red Chamber Argentina ha elevado una denuncia de carácter crítico ante la Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut, en la que expone la alarmante pérdida de más de 100 toneladas de langostinos, equivalentes a 12.000 cajones de esta especie, como consecuencia de un conflicto laboral liderado por el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA). Esta situación, descrita por la compañía como una «maniobra extorsiva«, no solo representa un golpe económico de proporciones significativas, sino también un desperdicio irreparable de recursos alimentarios, lo que agrava las implicancias éticas y medioambientales del conflicto.
El impacto del bloqueo en la producción
El bloqueo productivo ha reducido drásticamente la capacidad operativa de la planta en Puerto Madryn, pasando de procesar 70 toneladas diarias a solo 20 toneladas, lo que obligó al descarte de recursos frescos debido a la imposibilidad de tratarlos adecuadamente. Sin el agregado de sulfito para preservar la calidad del langostino, la empresa se vio forzada a desechar los productos almacenados. En su comunicación formal, Red Chamber ha advertido que, de no resolverse el conflicto, otras 500 toneladas de langostinos frescos se encuentran en riesgo de pérdida, lo que comprometería no solo la economía de la empresa, sino también a cientos de trabajadores marítimos.
En respuesta a este panorama crítico, la empresa anunció su intención de certificar notarialmente las pérdidas para proceder con acciones legales en busca de un resarcimiento económico, argumentando que tanto la empresa como sus tripulaciones han sido tomadas como «rehenes» de este conflicto.
El origen del conflicto laboral
Según Red Chamber, la raíz del problema reside en un reclamo por parte de los denominados «trabajadores periféricos», quienes exigen el pago anticipado de un incentivo por productividad. Este bono, aunque no forma parte del convenio colectivo, ha sido incrementado en un 175% respecto a 2023, pero la empresa sostiene que debe abonarse «a resultado», condicionado al cumplimiento de los objetivos productivos.
Adicionalmente, la planta enfrenta un panorama complejo con un ausentismo del 8% y alrededor de 80 carpetas médicas por quincena, lo que dificulta aún más la operatividad de la producción. Ante estas circunstancias, Red Chamber solicitó autorización para trasladar la materia prima a otras plantas, asumiendo costos adicionales, en un intento desesperado por mitigar las pérdidas.
Respuesta del STIA: Contrapuntos y acciones legales
El STIA rechazó enérgicamente las acusaciones de extorsión calificándolas como infundadas y anunció que tomará medidas legales contra la empresa por «difamación». En su defensa, el sindicato argumentó que los reclamos de los trabajadores están respaldados por la Ley 14.250 y sus modificaciones, que otorgan validez a los acuerdos internos alcanzados entre empresas y delegados.
Asimismo, el sindicato acusó a Red Chamber de incumplir con la Ley Provincial de Expropiación, que obliga a la empresa a respetar las condiciones laborales y derechos adquiridos de los ex trabajadores de Alpesca, incluyendo la incorporación de todo el personal previsto. Además, denunció que la empresa envía materia prima a otras provincias, dejando a los trabajadores locales sin empleo, en contravención de los compromisos asumidos con la provincia de Chubut.
Este enfrentamiento no solo refleja una fractura entre las partes involucradas, sino también un escenario de pérdidas económicas, tensiones laborales y cuestionamientos sobre el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes.
Un conflicto que persiste de larga data, como lo reflejáramos a través de las siguientes notas:
En tanto Red Chamber alega que su capacidad de producción está siendo obstaculizada por el sindicato, el STIA sostiene que la empresa no respeta los derechos laborales adquiridos y que su gestión es inadecuada. Ambas partes han escalado el conflicto a un punto crítico, con denuncias cruzadas y el riesgo latente de una paralización total de la actividad, lo que afectaría a toda la cadena productiva y a la comunidad pesquera de la región.
La gravedad de la situación exige una intervención urgente y decisiva por parte de las autoridades competentes para evitar que las consecuencias económicas, sociales y medioambientales se tornen irreversibles.
