La posibilidad de otorgar apoyo logístico en puertos argentinos a la flota pesquera china, ampliamente conocida por sus prácticas de pesca ilegal y depredación masiva, representa un cuestionamiento profundo a los intereses y la soberanía del país sobre sus recursos naturales migratorios. El reciente pacto-acuerdo entre la provincia de Santa Cruz y la firma Hongdong Fisheries plantea un escenario altamente controvertido, en el cual la flota china podría utilizar infraestructura portuaria argentina, un acceso que facilitaría su incesante actividad de captura ilegal en las proximidades de la milla 200 de la Zona Económica Exclusiva argentina.
Esta flota extranjera, con más de 350 barcos, se ha dedicado durante años a la explotación intensiva de especies como el calamar illex en el Atlántico Sur. Los datos son alarmantes: no solo esquilman la biodiversidad local, sino que numerosas embarcaciones violan sistemáticamente los límites territoriales, penetrando en aguas nacionales, desafiando las leyes vigentes e incluso la autoridad de la Prefectura Naval y la Armada. A pesar de los esfuerzos por proteger los recursos marinos de Argentina, este nuevo acuerdo compromete la vigilancia nacional, permitiendo que buques extranjeros de conocida trayectoria depredadora utilicen infraestructuras estratégicas, bajo la justificación de una supuesta modernización y generación de valor.
La Gobernación de Santa Cruz, liderada por Claudio Vidal, defendió el pacto afirmando que la cooperación con Hongdong Fisheries aportará tecnología y valor agregado a la industria pesquera y naval local. No termina de ser preocupante su declaración, como tampoco es nuevo el afán de holdings privado estatal chinas ingresar hasta por la ventana al territorio argentino.
Sin embargo, la realidad de la industria pesquera china, caracterizada por sus prácticas indiscriminadas y poco reguladas, pone en duda la veracidad y sostenibilidad de estas promesas. Con este acuerdo, Santa Cruz no solo abre sus puertos a una de las flotas más criticadas a nivel global por su impacto destructivo, sino que fomenta un despliegue logístico que podría consolidar la depredación pesquera a las puertas de la zona económica nacional. Una flota que opera a 10.000 millas náuticas de su puerto base, necesariamente tiene sustento logístico continental cercano. El ampliamente criticado apoyo hacia Montevideo como puerto que asila estos procederes pone de relieve la escasa visión geopolítica y estratégica del cono sur. Ahora quiere sumarse Santa Cruz, un verdadero disparate.
En virtud de la inquietud generada por los posibles beneficios que podrían otorgarse a buques cuyas actividades están fuertemente vinculadas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que operan bajo frondosos subsidios del Estado de la República Popular China, entre otros, y han sido denunciados por prácticas de trabajo esclavo, además de competir deslealmente con los productos de empresas argentinas en los mismos mercados internacionales siendo formadores de precios incluso, es indispensable contar con precisiones adicionales sobre el alcance y la postura que tomará el Consejo Federal Pesquero y el Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, respecto a esta problemática.
La zona que se extiende desde la milla 200 de la Zona Económica Exclusiva argentina hacia aguas internacionales es un espacio marítimo de importancia relevante, no solo por los recursos naturales que alberga, sino también por su valor estratégico en términos de control territorial, acceso a la Antártida y posición geopolítica frente al Pacífico Sur.
Permitir que una flota extranjera ocupe y explote estos espacios representa una cesión tácita de control territorial sobre una zona que, por sus características y su proximidad a las aguas soberanas, debe ser resguardada con máximo celo. El Atlántico Sur, que alberga rutas naturales hacia la Antártida y es clave en la proyección territorial argentina hacia ese continente, no puede convertirse en un área de ocupación económica para intereses ajenos.
La posibilidad de aunar esfuerzos para que buques chinos accedan al servicio en las costas argentinas, representa una peligrosa concesión. Tal infraestructura reduce las barreras logísticas para una industria que no respeta las regulaciones de conservación, temporada o reproducción de especies y que, con el paso del tiempo, podría agotar los recursos naturales en la región. En 2021, la misma Hongdong Fisheries intentó obtener una concesión en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero el rechazo social y ambientalista la bloqueó debido a los antecedentes destructivos de la compañía en el ecosistema marino.
Además, es evidente que el acuerdo es un componente en un entramado mayor: la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, uno de los principales intereses de China en Argentina. En un contexto en el cual la actividad pesquera ilegal se ha disparado en el Atlántico Sur y la flota china ha aumentado su tamaño en un 800% en la última década, las condiciones son más propicias que nunca para que esta potencia despliegue sus embarcaciones en un área cada vez más vulnerable. El permiso tácito que el acuerdo confiere a la pesca intensiva y desmedida de calamar y otras especies no solo compromete los recursos marinos de Argentina, sino que también valida una práctica de depredación masiva que mueve más de 700 millones de dólares al año, con consecuencias irreversibles para la biodiversidad y la economía local, pero por sobre todo a la soberanía territorial.
La apertura de puertos y la provisión de infraestructura argentina a la flota china representan una afrenta a la conservación de los recursos marinos y a la defensa de la soberanía nacional. En lugar de ceder ante intereses externos, resulta imperioso que Argentina refuerce su compromiso de preservación de sus ecosistemas y proteja sus recursos marítimos de toda actividad ilegal y predatoria.
