Las cámaras que representan al sector pesquero uruguayo son la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay, las que han dado señales de alarma sobre las actuales condiciones de las normas que hoy tiene la pesca del otro lado del Río de la Plata.
La actividad pesquera se volvió inviable según sostienen, sobre todo entre los meses de mayo a agosto, por lo que se han pronunciado públicamente, dando a conocer a la opinión pública que de los apenas 54 barcos pesqueros que conforman la flota industrial uruguaya, solo 6 han sido despachados a la pesca.
Lo más grave de la situación de acuerdo a lo expresado por ambas cámaras, es que las 48 embarcaciones restantes, ninguna de ellas tiene planificado salir a pescar, lo que hace que unas 3.000 personas que están involucradas en el sector pesquero uruguayo, no tengan actividad.
Los argumentos se basan en dos ejes: los altos costos salariales y las cantidad de normativas a cumplir.
Tanto CIPU y CAPU sostienen que los ítems de aportes patronales (13%), les han representado sobrepagos superiores a los 40 millones de dólares desde el año 2010, a lo que deben sumarles primas del Banco de Seguros de Estado (11%) para todo el personal o limitaciones normativas para el acceso de personal al sector.
A su vez realizaron una grave denuncia desde el sector Pesuqero, dado que consideran que el Ministerio de Economía y Finanzas omitió el destino de los fondos que el sector privado coloca en el denominado Fondo de Desarrollo Pesquero, lo que genera una total falta de inversión en investigación y promoción del sector, de acuerdo a lo pronunciado públicamente.
Ni siquiera la actividad de las cámaras presentada ante Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Prefectura Nacional Naval, Administración Nacional de Puertos y Banco de Seguros del Estado, informes puntualizando los temas a resolver por cada una de estas dependencias del Estado, sin que, a la fecha, se haya tenido respuesta.
La crítica más fuerte del sector pesquero está direccionada a la inauguración del Puerto Pesquero de Capurro para los próximos meses, el cual recibió una inyección de 100 millones de dólares, pero esto no alienta a la pesca interna, sino que será una alternativa para que buques de banderas extranjeras puedan descargar y reabastecerse en el lugar.
Otro de los puntos objetados sobre la política pesquera uruguaya es la inversión de 82 millones dólares para construir dos buques patrulleros oceánicos para el control de la pesca ilegal.
Si se compara el sector pesquero argentino con el del otro lado del Río de la Plata, las diferencias en números son cuantiosas, ya que sus movimientos registran exportaciones que apenas superan los 100 millones de dólares (Argentina registró casi 1.800 durante 2023), donde sus capturas están apuntadas a la merluza, corvina, pescadilla y calamar, varias de las cuales son pescadas en la Zona Común de Pesca entre nuestro país y Uruguay donde hay que destacar que mucho de ello proviene de esa zona.
Esa ZCP es manejada por ambos países a través de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, la cual tiene la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de lo que está pactado en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, escrito en 1973 y puesto en vigencia tres años más tarde.
Su misión principal es el manejo sustentable de los recursos pesqueros compartidos y la protección del ambiente marino en la Zona Común.
