Denunciaron ante la presidente de la Comisión, Diputada Nacional (PRO), la comodorense Ana Clara Romero, la falta de respuestas del gobierno y acusaron a las cámaras empresarias de especular con la situación. Mientras el SOMU advirtió sobre el impacto social en Puerto Madryn, pidió una ley de emergencia pesquera; el Centro de Patrones cuestionó la precariedad laboral y desestimó versiones sobre la importación de langostino ecuatoriano.
Durante la reunión celebrada ayer, en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Centro de Patrones Fluviales y de Cabotaje coincidieron en denunciar la gravedad del conflicto que mantiene paralizada a gran parte de la flota pesquera. Apuntaron tanto contra las cámaras empresarias como contra la inacción del Estado nacional y advirtieron que la situación podría derivar en un colapso social en varias ciudades patagónicas.
Desde una perspectiva crítica y con espíritu de rigor analítico, resulta insoslayable señalar que la escasa presencia de diputados nacionales en el recinto no solo llamó poderosamente la atención, sino que constituye un elocuente síntoma del alarmante desinterés —o, peor aún, de la desestimación— que el sector legislativo parece profesar hacia una industria cuya gravitación estratégica debiera situarla en el centro mismo de las prioridades parlamentarias. Tal ausencia revela una desconexión inquietante entre la representación política y las verdaderas necesidades estructurales del país, poniendo en entredicho el compromiso institucional con el desarrollo productivo y la planificación a largo plazo. Del sector empresario tampoco hubo representantes, librada la convocatoria a un ámbito, de solo perfil gremial en defensa de sus derechos.
Por su parte, Ángel Juan Navarro, secretario de Pesca del SOMU, sostuvo que se está atravesando una “crisis pesquera encubierta” y denunció que las empresas pretenden reducir un 30% del ingreso que los marineros perciben por producción. “Salimos a la mar, pescamos, procesamos, exportamos el 95% de lo que se produce, y ahora nos quieren ajustar el salario. Lo que ganamos, lo ganamos con sacrificio”, expresó.
El dirigente gremial también advirtió sobre el impacto económico que la paralización de la flota genera en localidades como Puerto Madryn y Puerto Deseado, donde la pesca representa la mitad de la economía local. “Hay más de 2.000 familias que no pueden llevar el pan a su casa. Ya hay cierre de comercios, gente que no puede pagar los servicios básicos. Esto puede explotar en cualquier momento”, afirmó.
Navarro acusó a las cámaras empresarias de especular con el conflicto y al gobierno de avalar estas maniobras: “Desde marzo vienen jugando con la necesidad de la gente. Sturzenegger dijo que les daría herramientas para romper los convenios colectivos. Esto ya no es un tema salarial, es político”, afirmó. Y agregó que se está extorsionando a los trabajadores: “A los marineros les están diciendo que no les van a pagar el sueldo básico de junio porque están de paro. Es algo que nunca había pasado”.
En la misma línea, Mariano Moreno, del Centro de Patrones, criticó la “falta total de respuestas” por parte del Poder Ejecutivo y responsabilizó directamente a los armadores por sostener un conflicto que, según dijo, ya no es solo económico sino una “crisis social profunda” que afecta a más de 50.000 trabajadores. “Volver a esta sala a decir lo mismo y no tener soluciones aburre. Hay que actuar con responsabilidad antes de que sea tarde”, expresó.
Moreno también cuestionó la falta de presencia del gobierno en el debate parlamentario. “Debe haber cosas más importantes que atender. Mientras tanto, los de siempre seguimos tratando de buscar soluciones para un conflicto que tiene en riesgo la seguridad alimentaria de los trabajadores y sus familias”, expresó.
Luego, puso el foco en la precariedad laboral que afecta al sector pesquero, señalando que apenas el 10% del personal embarcado tiene empleo efectivo. “Los armadores hablan de lo que gana un marinero, pero omiten que esa persona trabaja tres o cuatro veces al año y tiene que vivir con eso los doce meses”, advirtió.
Además, se refirió con ironía a declaraciones de empresarios en el Salón de la Pesca de Barcelona, quienes habrían manifestado que podían esperar hasta julio para reactivar la flota tras un año de captura récord. “Esperemos que no se cumpla, porque entonces parecería que las políticas pesqueras argentinas se definen en Barcelona”, lanzó.
Uno de los pasajes más llamativos de su exposición fue su respuesta a las versiones empresariales que sugieren la posibilidad de importar langostino ecuatoriano para cumplir compromisos internacionales. Moreno calificó esa alternativa como una “bomba de humo” y desestimó su viabilidad comercial: “Si alguien asume un compromiso para recibir lomo, difícilmente acepte mondongo”, ironizó, en referencia a la diferencia entre el marisco salvaje argentino y el producto de criadero.
Ambos gremialistas coincidieron en reclamar respuestas urgentes que eviten que los trabajadores sigan siendo la variable de ajuste. Navarro pidió específicamente que se impulse la ley de emergencia pesquera que contemple medidas para aliviar la situación de los marineros sin afectar sus ingresos. “Pedimos que se legisle con urgencia, con responsabilidad y con conocimiento del impacto social que este conflicto ya está teniendo. El Estado no puede mirar para otro lado”, concluyó.
Más allá de los matices en sus intervenciones, tanto el SOMU como el Centro de Patrones coincidieron en señalar la gravedad del escenario que atraviesa la pesca argentina. El diagnóstico compartido sobre el impacto social, económico y laboral del conflicto dejó en claro que existe un amplio consenso sindical en torno a la urgencia de una respuesta política. La falta de soluciones concretas, advirtieron, no solo profundiza la crisis del sector, sino que pone en riesgo la estabilidad de ciudades enteras que dependen directamente de la actividad pesquera.
