En un contexto económico adverso y de fuerte presión fiscal sobre los sectores generadores de divisas, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) se ha consolidado como una voz clave en la defensa de una política tributaria orientada al desarrollo exportador. Recientemente, la entidad volvió a manifestarse de manera contundente solicitando al Ministerio de Economía la eliminación de los derechos de exportación para el sector pesquero y los bienes industriales, dos áreas que vienen registrando una alarmante pérdida de competitividad frente a un mundo que subsidia, protege y estimula sus sectores productivos.
Mientras el gobierno mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia avanzó para eximir de retenciones a diversas economías regionales, se evidencia una omisión crítica: la pesca no fue incluida en los beneficios fiscales recientes, a pesar de ser una actividad estratégica para la generación de empleo, divisas y valor agregado en origen. Esta exclusión ha sido severamente cuestionada por CERA, que alertó sobre las consecuencias de alentar la desinversión en un sector históricamente generador de divisas y empleo genuino pero últimamente con un fuerte peso de la carga tributaria.
Fernando Landa, presidente de la Cámara, oportunamente con su linea de trabajo, fue enfático al señalar que cada punto de retenciones adicional erosiona la competitividad, desincentiva la inversión y limita la capacidad exportadora del país, con impacto directo sobre el empleo y el desarrollo económico y social. La entidad reclama una reforma estructural del esquema tributario, que permita ampliar la base exportadora y posicionar a la Argentina en un lugar más favorable frente a sus competidores globales.
Históricamente, desde CERA también se insiste en la necesidad que la competitividad sea adoptada como una política de Estado, lejos de los vaivenes ideológicos y coyunturales. En ese sentido, la entidad ha sido una de las cámaras con mayor interactividad con el actual Ministro de Economía, Luis Caputo, con quien han sostenido un canal de diálogo permanente, aunque no exento de tensiones por decisiones que consideran regresivas.
A diferencia de otras actividades agroindustriales que recibieron alivio impositivo, la pesca ha sido postergada. Esta omisión no solo es injusta, sino también contraproducente. La aplicación de derechos de exportación, además de ser una política tributaria antifederal —al no ser coparticipable y reemplazar impuestos progresivos como Ganancias—, va en contra de las tendencias globales que privilegian la promoción de exportaciones con instrumentos expansivos.
La situación fiscal de la Argentina, marcada por un gasto público concentrado en seguridad social (que absorbe más del 45% del presupuesto nacional), no puede seguir financiándose a costa de los sectores dinámicos y competitivos. En un país con una pirámide demográfica favorable, el camino genuino de sustentabilidad fiscal es la generación de empleo formal a través del comercio internacional, como lo demuestran las experiencias exitosas a nivel mundial.
La no inclusión del sector pesquero en las medidas de alivio impositivo configura un error estratégico que debe ser corregido con urgencia. La Cámara de Exportadores de la República Argentina, una de las entidades más activas en la defensa del interés exportador, no solo señala el problema, sino que ofrece una hoja de ruta: reglas claras, presión fiscal razonable y una visión federal del desarrollo.
