La discusión sobre el procesamiento de langostino a bordo de la flota tangonera congeladora continúa sumando respaldos y objeciones dentro del sector pesquero. Mientras distintos sindicatos manifestaron su rechazo a la posibilidad de elevar del 36% al 50% el porcentaje permitido de producción de colas a bordo, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) reiteraron su pedido para que se autorice a la flota tangonera congeladora a producir colas de langostino a bordo hasta un máximo equivalente al 50% de las capturas de la especie.
La solicitud fue presentada ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) y lleva las firmas de los presidentes de ambas entidades, Eduardo Boiero y Agustín de la Fuente. En ella sostienen que la modificación permitiría a las empresas adaptar su producción a las condiciones cambiantes de la demanda internacional y evitar situaciones de crisis operativa como las registradas durante 2025.
En el documento, las cámaras recuerdan que el planteo ya había sido formulado durante la reunión de la Comisión de Seguimiento de Langostino de este año y solicitan que avance su tratamiento dentro del ámbito del CFP.
Según señalaron, la modificación permitiría a los armadores adaptar con mayor libertad la producción realizada a bordo a las condiciones de demanda de los distintos mercados, mejorando la capacidad de respuesta comercial de la flota congeladora.
Asimismo, sostienen que la medida contribuiría a garantizar una operatoria continua de los buques y evitar situaciones complejas como las atravesadas por el sector durante 2025, cuando diversos factores comerciales y operativos afectaron el normal desarrollo de la actividad.
Las entidades también remarcaron que tanto el langostino entero congelado como las colas producidas a bordo son productos de alta calidad que permiten obtener el máximo valor agregado posible a partir de la materia prima capturada, generando además importantes ingresos de divisas para el país.
El respaldo de CAPeCA y CAPIP fue valorado por el presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano. El empresario destacó que ambas cámaras hayan reiterado formalmente el pedido ante el CFP y consideró que la medida permitirá adaptar la producción a las condiciones del mercado sin afectar el empleo en tierra ni generar impactos ambientales, pues el langostino maduro no capturado termina finalizando su vida en el mismo ambiente marino.
En los últimos días, Álvarez Castellano había respondido a los cuestionamientos planteados por organizaciones sindicales y sostuvo que la ampliación propuesta cuenta con antecedentes técnicos favorables del INIDEP respecto de la posibilidad de ampliar el porcentaje de colas autorizadas, aspecto que consideran un respaldo técnico relevante para avanzar con la medida.
Mientras las cámaras empresarias sostienen que la flexibilización permitiría mejorar la competitividad y adecuar la producción a las necesidades del mercado, distintos sindicatos expresaron su rechazo al considerar que podría afectar el empleo en tierra y modificar el esquema actual de procesamiento del recurso.
El cambio de paradigma económico aplicado por las actuales autoridades nacionales comienza a proyectar efectos directos sobre todo el entramado productivo e industrial. La pesca no queda al margen: costos, mercados, eficiencia operativa y rentabilidad vuelven a ordenar la discusión sectorial bajo una lógica más estricta, donde la adaptación al nuevo escenario pasa a ser una condición de supervivencia empresaria.
Sin embargo, dentro del ente colegiado pesquero aparecieron reparos vinculados con la situación del sector fresquero, uno de los eslabones más castigados de la actividad. La preocupación se concentra en su estructura de costos, su menor margen financiero y su exposición directa a un mercado que exige competitividad, pero todavía no ofrece condiciones suficientes para recomponer rentabilidad.
La decisión final quedará ahora en manos del Consejo Federal Pesquero, que deberá evaluar los argumentos presentados por las distintas partes antes de resolver sobre un pedido que divide opiniones dentro de la actividad.
