El Ministerio de Economía puntualizó que desde octubre de 2022 hasta agosto de 2023, se autorizaron importaciones por casi 700 millones de dólares que representan más de 172.000 SIRA y que beneficiaron a 21.671 empresas.
Muchas de estas autorizaciones no alcanzaron al sector pesquero y sobre todo naval, quienes a diario se encuentran con grandes dificultades a la hora de recibir repuestos, herramientas o insumos que provienen desde el exterior del país, elementos todos que no se fabrican en la Argentina y por ello la necesidad de adquirirlos desde el exterior paralizando la actividad productiva y dinámica como es la pesquera y la industria naval con perjuicios económicos superlativos.
La cartera de Economía detalló que «a partir de esta medida, 7.428 pymes recibirán aprobación de sus SIRA por un monto de 700 millones de dólares», según consignó la agencia oficial de noticias Télam.
La implementación rubricada por Sergio Massa este último domingo, indica que se trata de un nuevo proceso de aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con lo cual se beneficiarán más de 7.400 Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que tenían autorizaciones pendientes de aprobación, según informó el Palacio de Hacienda.
El Ministerio de Economía puntualizó que desde octubre de 2022 hasta agosto de 2023, se autorizaron importaciones por casi 7.000 millones de dólares que representan más de 172.000 SIRA y que beneficiaron a 21.671 empresas.
En un comunicado de difusión pública, la cartera económica detalló que «a partir de esta medida, 7.428 pymes recibirán aprobación de sus SIRA por un monto de 700 millones de dólares».
El parte oficial describió que los pedidos de importación se componen de 475 millones de dólares de bienes intermedios (insumos y bienes para la producción); 175 millones de dólares de piezas y accesorios (repuestos); y 68 millones de dólares de bienes de consumo.
Massa afirmó al respecto que «tomamos la decisión de liberar, para todas las pymes industriales de la Argentina, todas las SIRA que estaban pendientes para garantizar el empleo de nuestras pymes y seguir exportando trabajo argentino al mundo».
Vale recordar que el sistema de SIRA generó varias polémicas desde su constitución. Sin ir más lejos la acusación sobre la Secretaría de Comercio fue una de ellas, ya que se apuntó al Organismo de favorecer a empresas para poder importar.
Promediando el mes de febrero, a través de otros medios de comunicación, trascendió que algunas sociedades se vieron beneficiadas por una “asociación integrada por particulares”, las cuales tendrían conexiones dentro de Aduana para beneficiar a empresas que tenían la imperiosa necesidad de ciertas importaciones realizadas con el “modelo SIRA”.
El tema llegó incluso a algunos legisladores, los que llevaron adelante una demanda respecto de un sistema de coimas que se les solicitarían a empresas para poder importar productos provenientes del exterior, exceptuando los tiempos naturales de gestión y omitiendo algunos controles.
La denuncia había recaído sobre algún funcionario de la mencionada Secretaría de Comercio, a quien se lo acusó de impulsar autorizaciones de Comercio Exterior, al tiempo que retrasaron otras.
La denuncia recayó en el Juzgado 1, basándose en la Resolución 5271/22 del gobierno nacional, que establece un nuevo reglamento de sistema de autorizaciones para que las firmas obtengan acceso a dólares para importar insumos o productos para su actividad comercial.
Vale recordar que desde el propio Ministerio de Economía se decidió reemplazar el antiguo Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el fin de “obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación”. A decir verdad, ninguno de los dos modelos ha beneficiado a quienes desean importar bienes de uso para la actividad productiva generando trabas para el sector y pérdidas económicas cuantiosas.
Para los diputados que presentaron la denuncia, “esta concentración de facultades, la discrecionalidad en los procedimientos y el cepo de la economía fomentan no sólo arbitrariedades, sino que abren las rendijas donde se cuelan el tráfico de influencias y la corrupción”.
