La empresa revisó la situación de la mayoría de los trabajadores desvinculados en julio y confirmó su regreso a la actividad. Fernando Álvarez Castellano vinculó la decisión a un compromiso asumido con el Gobierno de Chubut, mientras que mantendrá los despidos y las acciones judiciales contra otras nueve personas.
La convocatoria y la hoja documental no exigieron el certificado; la Junta admitió que no había reglamento particular y el Decreto 467/88 tampoco lo enumera. La oposición cumplió la intimación, quedó fuera de los comicios y acudirá a la Justicia.
El período dispuesto para encauzar la disputa finalizará este lunes 10 de agosto, mientras continúa pendiente una resolución judicial vinculada a la denuncia contra trabajadores despedidos. El sindicato anticipó que mantendrá el reclamo por las 39 reincorporaciones.
El entendimiento se alcanzó durante una reunión en el Ministerio de Seguridad Nacional. Las partes acordaron elevar a la Presidencia la suspensión de la reforma, reducir un 20% las tarifas del servicio y conformar una mesa intersectorial para revisar el régimen de practicaje.
El rechazo de parte de los prácticos al nuevo régimen ya generó cancelaciones de escalas y desvíos hacia puertos de Uruguay y Brasil.
El Centro de Patrones recomendó a sus afiliados no asumir tareas sin consultar previamente con la organización y advirtió sobre posibles responsabilidades legales. El SOMU sostuvo que la competencia no puede avanzar en detrimento de la capacitación, la seguridad y el trabajo argentino.
El presidente de Conarpesa anunció que se someterá a estudios para descartar las acusaciones formuladas en su contra y afirmó que solo participará personalmente de futuras audiencias si los referentes sindicales Luis Núñez y José Díaz aceptan realizarse los mismos análisis.
El gremio denunció presiones sobre los tripulantes para firmar valores por fuera de convenio, cuestionó las liquidaciones de la zafra de langostino y reclamó una actualización del valor de referencia de la merluza hubbsi.
La empresa presentó un recurso para dejar sin efecto la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Chubut, ratificó los 39 despidos por la toma de sus oficinas, denunció amenazas contra su presidente, Fernando Álvarez Castellano, y advirtió que podría trasladar temporalmente la actividad a Rawson.
La disputa comenzó por la falta de convocatoria de trabajadores efectivos discontinuos en Puerto Madryn, escaló con el ingreso de manifestantes a las oficinas y derivó en cesantías con causa y una denuncia penal.
La cámara empresaria sostuvo que el Sueldo Anual Complementario del personal embarcado fue abonado conforme al régimen especial previsto en la Ley de Navegación. Afirmó que las diferencias de interpretación deberán resolverse por las vías institucionales y ratificó que mantendrá ese criterio.
La cámara empresaria y el SIMAPE acordaron ante la Secretaría de Trabajo volver al método aplicado antes de la reforma laboral. La decisión removió la causa que había frenado la zarpada del Virgen María y dejó abierta la negociación de un nuevo convenio colectivo.
El gremio llevó al muelle la disputa por el aguinaldo: denunció incumplimientos bajo los CCT 580/10 y 586/10, activó trabajo a reglamento y dejó fuera de la medida a CAABPA, que pagó conforme a la pauta firmada.
La oposición del SOMU presentó un recurso de aclaratoria contra la última sentencia y pidió que la Cámara vuelva a fijar un plazo para la prórroga de mandatos, además de responder los planteos que considera omitidos.
El acuerdo entre las empresas desactiva el frente judicial en Estados Unidos y reordena un expediente sensible para Puerto Madryn
Empresas de la flota fresquera elevaron una presentación al Consejo Federal Pesquero para reclamar mayor transparencia sobre los estudios vinculados al principal recurso de la pesca argentina. También denunciaron los costos de estiba en los puertos chubutenses.
Mientras la Cámara Nacional del Trabajo analiza el pedido de una tercera prórroga de mandatos formulado por la conducción del gremio, distintos sectores opositores comenzaron a proponer mecanismos para encauzar la crisis institucional y avanzar hacia una nueva instancia electoral.
La controversia por los costos portuarios derivó en una denuncia que vuelve a poner bajo examen el destino de la merluza capturada con permisos provinciales, su reproceso en origen y el control sobre los circuitos formales e informales que reciben materia prima fuera de Chubut.
El aumento del combustible y ahora la actualización de los servicios de descarga y alistamiento en puertos de Chubut volvió a presionar sobre los costos de la actividad pesquera. Un nuevo frente de posible conflicto.
La Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer la situación y convocó a las partes a una audiencia el 11 de mayo en Comodoro Rivadavia.
El acuerdo alcanzado con las cámaras generó cuestionamientos dentro del gremio y expone tensiones internas en un contexto de negociación clave para la actividad.
Las cámaras empresarias apuntaron contra el SOMU por el freno en las negociaciones y advirtieron sobre el impacto de la parálisis en la actividad, el empleo y las economías regionales. Más de 100 tangoneros quedaron amarrados en distintos puertos argentinos.
Prácticos uruguayos alertan sobre riesgos en la seguridad de la navegación y posibles impactos en el comercio regional ante una eventual flexibilización del régimen en el Río de la Plata.
La presentación advierte sobre el impacto en la continuidad de los permisos, la seguridad jurídica del sector y las inversiones, al cuestionar condicionamientos ajenos a la actividad pesquera.
La empresa pidió revocar la sentencia que hizo lugar al planteo del SOMU y llevó a la Cámara un conflicto que combina dotación, vigencia convencional y procedimiento administrativo.
El recurso sostiene que el fallo omitió tratar objeciones clave y reclama que se definan condiciones para normalizar la vida institucional del sindicato.
Las listas opositoras rechazaron la nueva prórroga de mandatos, denunciaron prohibiciones de ingreso y reclamaron fijar una fecha urgente de elecciones ante el vencimiento del plazo vigente.
Un conflicto que ya es institucional, sale a luz tras la necesidad de una reactualización del canon pesquero; mucho antes ya la relación politico-empresarial estaba cortada. Duras declaraciones del gobernador Ignacio Torres.
La Federación Sindical Marítima y Fluvial cuestionó a la Prefectura Naval por su actuación ante el ingreso de buques durante la medida de fuerza.
Un comunicado fechado el 13 de febrero formaliza el respaldo de más de treinta jefes comunales para profundizar la investigación y blindar el inicio del ciclo lectivo.
La Federación Sindical Marítima y Fluvial convocó a una movilización al Congreso de la Nación el 11 de febrero, con adhesión de los principales gremios del sector marítimo y portuario, en el marco del debate por la reforma laboral.
El cese de actividades duró poco y en la práctica no se efectivizó. Una nueva resolución de ARECH dejó sin efecto el esquema anterior, fijó un valor de referencia de $2.500 por kilo desde el 1° de enero de 2026 y despejó el traslado del costo a los ingresos de los tripulantes, habilitando el levantamiento de la medida de fuerza.
Canon pesquero: gremios marítimos advierten impacto salarial y se declaran en alerta. Posteriormente, el SICONARA decretó un paro total de actividades en Rawson.
Mientras Red Chamber Argentina atraviesa una auditoría internacional, el Gobierno del Chubut impulsa un esquema de extinción laboral por acuerdo financiado con fondos provinciales, que podrían transitar en paralelo con la actualización del canon pesquero como vía de fortalecimiento financiero para sostener la estabilidad operativa.
El Gobernador, Gustavo Melella, presentó una acción judicial para frenar la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, cuestionando la constitucionalidad de la medida y defendiendo la autonomía provincial y el control de los recursos.
FEPA declaró el estado de alerta y advierte sobre un posible paro total en todos los puertos del país, tras un conflicto laboral en el Puerto de Concepción del Uruguay.
Una presentación formal advierte que el pesquero estaría operando con menos personal de Máquinas del exigido por la normativa vigente y los convenios colectivos.
El sindicato presentó una nueva nota ante la Legislatura reclamando acceso completo a los últimos convenios firmados entre la Provincia y la empresa.
El conflicto en Red Chamber se profundiza ante la falta de respuestas del Estado y la ausencia de la empresa. La trastienda no parece terminar de solucionar los problemas de fondo que continúan con las mismas metodologías.
El STIA confirmó que la planta de la ex Alpesca permanece paralizada tras errores en la liquidación de salarios y falta de respuestas de Red Chamber.
